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Líderes venezolanos, investigados por EE.UU. por presunto narcotráfico

Líderes venezolanos, investigados por EE.UU. por presunto narcotráfico


Fiscales de Estados Unidos investigan a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, bajo la sospecha de que han convertido el país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero, según más de una decena de personas al tanto de las indagaciones.

Una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Washington y fiscales federales en Nueva York y Miami están construyendo casos con pruebas aportadas por ex traficantes de cocaína, informantes que eran cercanos a altos funcionarios venezolanos y desertores de las fuerzas armadas, revelaron estas personas.

Un blanco importante, según un funcionario del Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del país.

“Hay amplia evidencia para justificar que él es una de las cabezas, sino la cabeza, del cartel”, afirmó el funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU., en referencia a un grupo de oficiales militares y altos funcionarios de los cuales se sospecha de estar involucrados en el narcotráfico. “Definitivamente es un blanco principal”.

Representantes de Cabello no respondieron llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios. Las autoridades venezolanas han rechazado antes acusaciones sobre la participación de altos funcionarios en el narcotráfico como un intento de EE.UU. por desestabilizar al gobierno izquierdista en Caracas.

Cabello dijo el miércoles en la televisión estatal que pidió una prohibición judicial de salida del país contra 22 ejecutivos y periodistas de tres medios venezolanos a los que ha demandado por publicar este año notas sobre las acusaciones de narcotráfico. “Yo me siento agraviado y ninguno de ellos ha pedido disculpas, ahora el malo soy yo que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba y el malo soy yo. ¡Qué cosas, no!”, apuntó Cabello.

El gobierno del presidente Barack Obama no está dirigiendo ni coordinando las pesquisas, que son llevadas a cabo por fiscales federales con amplias facultades para perseguir sospechosos. No obstante, si las investigaciones derivan en la presentación pública de cargos contra Cabello y otros, el furor resultante en Venezuela podría sumir las relaciones entre ambos países en la crisis más grave desde que el difunto líder populista Hugo Chávez asumió el poder hace 16 años.

“Sería sísmica”, afirmó un funcionario estadounidense sobre la prevista reacción de Venezuela.

Funcionarios de EE.UU. dicen haber logrado grandes avances en sus investigaciones. Sin embargo, agregan que posiblemente las presentaciones de cargos permanezcan selladas hasta que las autoridades puedan hacer detenciones, algo di-fícil, si no imposible, a menos que los acusados viajen al exterior.

Las investigaciones son una respuesta al crecimiento explosivo del narcotráfico en Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses. Presionados por Colombia, donde las autoridades combatieron enérgicamente el tráfico de drogas con US$10.000 millones en asistencia que EE.UU. proveyó desde 2000, muchos traficantes colombianos trasladaron sus operaciones al país vecino. En Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses, hallaron un gobierno y fuerzas armadas dispuestos a permitir, y con el tiempo controlar, el tráfico de cocaína a través del país.

“La mayoría de los traficantes de alto perfil se mudó a Venezuela durante ese tiempo”, dijo Joaquín Pérez, un abogado de Miami que representa a narcotraficantes colombianos.

Venezuela no produce coca, la hoja que se usa para hacer cocaína, ni la droga en sí. No obstante, EE.UU. estima que unas 131 toneladas de cocaína, cerca de la mitad de la cocaína producida en Colombia, pasó por Venezuela en 2013, el último año del cual se tienen cifras.

Los fiscales no apuntan al presidente Nicolás Maduro, quien está en el poder desde la muerte de Chávez hace dos años. Sin embargo, altos funcionarios de seguridad de EE.UU. dicen que consideran a varios funcionarios y oficiales militares venezolanos como los líderes de facto de organizaciones narcotraficantes que utilizan a Venezuela como punto de partida para los envíos de cocaína a EE.UU. y Europa.

“Es una organización criminal”, señaló el funcionario del Departamento de Justicia, refiriéndose a ciertos miembros de las altas esferas del gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela.

Mildred Camero, quien presidió la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela hasta que fue obligada a salir abruptamente en 2005, indicó que Venezuela tiene “un gobierno narcotraficante y de lavadores de dinero”. Recientemente colaboró con un libro, Chavismo, narcotráfico y militarismo, en el cual afirmó que la corrupción vinculada con el narcotráfico había penetrado el Estado, nombrando a más de una decena de funcionarios, incluyendo nueve generales, que presuntamente trabajaron con traficantes.

Las agencias de seguridad de EE.UU. señalaron que han acelerado sus investigaciones en los últimos dos años, un período en el que la economía de Venezuela ha empeorado drásticamente.

La crisis ha facilitado a las autoridades estadounidenses el reclutamiento de informantes, dicen fuentes cuyo trabajo es enlistar personas cercanas a altos funcionarios venezolanos. Narcotraficantes colombianos y venezolanos también han llegado a EE.UU., con ansias de aportar información sobre funcionarios venezolanos a cambio de sentencias menores y la residencia, dicen autoridades de EE.UU.

“A partir de la agitación en Venezuela, hemos tenido mayor éxito en el desarrollo de estos casos”, precisó un fiscal federal del Distrito Este de Nueva York que trabaja en casos venezolanos.

En enero, los investigadores de EE.UU. lograron una captura importante cuando el capitán de la armada Leamsy Salazar desertó y fue llevado a Washington. Salazar, que había encabezado la seguridad de Cabello, les dijo a las autoridades estadounidenses haber sido testigo de que éste supervisó el envío de un gran cargamento de cocaína desde la península de Paraguaná, en Venezuela, afirmaron personas al tanto del caso. Cabello ha criticado públicamente a su ex guardaespaldas, asegurando que no dirigía su equipo de seguridad y calificándolo de un “infiltrado” que no tiene pruebas de su participación en el narcotráfico.

Rafael Isea es otro ex funcionario que ha hablado con investigadores, según fuentes al tanto. Ex ministro de Finanzas y gobernador del estado Aragua, Isea escapó del país en 2013. Fuentes al tanto del caso dicen que dijo a los investigadores que Walid Makled, un jefe narco ahora en la cárcel, le pagaba al ex ministro del Interior, Tarek El Aissami, para enviar cargamentos a través de Venezuela.

Casi un año después de dejar el país, Isea fue acusado de irregularidades financieras durante sus días como gobernador por la fiscal general del país, y por El Aissami, quién lo sucedió como gobernador de Aragua. “Hoy Rafael Isea, este bandido, traidor, está refugiado en Washington y entregado al programa de testigos protegidos a cambio de aportar información basura en contra de Venezuela”, anotó recientemente El Aissami en la televisión venezolana. Isea ha calificado las acusaciones de falsas, motivadas políticamente y diseñadas para desacreditarlo.

Entre otros funcionarios poderosos bajo investigación figuran Hugo Carvajal, un ex director de inteligencia militar; Néstor Reverol, comandante general de la Guardia Nacional; José David Cabello, el hermano de Diosdado Cabello, ministro de Industrias y además superintendente nacional Aduanero y Tributario, y el general Luis Motta Domínguez, un general de la Guardia Nacional a cargo de la zona centro de Venezuela, de acuerdo con media docena de funcionarios y personas al tanto de las investigaciones.

Llamadas y mensajes de correo electrónico en busca de comentarios de varios ministerios gubernamentales, así como de la oficina de la Presidencia de Venezuela no obtuvieron respuesta. Algunos funcionarios han salido a las redes sociales para ridiculizar las investigaciones estadounidenses. Una cuenta de Twitter a nombre del general Motta Domínguez dijo a prin-cipios de este año: “Ya saben el que quiera su green card y vivir en USA para conocer Disney, escoja su líder y acúselo de narco… DEA tours los atenderá jejeje!”.

Las agencias de seguridad estadounidenses trabajan con exiliados venezolanos y otros para localizar y reclutar a venezolanos insatisfechos. “Nosotros sacamos a la gente de Venezuela y nos reunimos con ellos en Panamá, Curaçao y Bogotá”, dijo un ex agente de inteligencia que trabaja con autoridades de EE.UU. para reclutar e interrogar a venezolanos que tienen evidencia de vínculos entre las autoridades venezolanas y el narcotráfico.

El principal blanco es Diosdado Cabello, ex teniente del ejército de 52 años que estableció un vínculo estrecho con Chávez en la academia militar mientras ambos jugaban en el mismo equipo de béisbol. Cuando Chávez lanzó un intento fallido de un golpe de Estado en 1992, Cabello dirigió una columna de cuatro tanques que atacó el palacio presidencial en el centro de Caracas.

Cabello ha sido vicepresidente y ministro de Obras Públicas -que le dio control de aeropuertos y puertos- y del Interior. También fue presidente por unas horas en abril de 2002, cuando Chávez fue expulsado brevemente en un fallido golpe de Estado.

Investigadores estadounidenses han construido sus casos utilizado también la información obtenida de casos delictivos en EE.UU. En Miami, dicen personas familiarizadas con el asunto, un elemento clave en dichas investigaciones fue un banda de contrabando de drogas manejada por el colombiano Roberto Méndez Hurtado. Este narcotraficante habría ingresado cocaína en Venezuela a través del estado occidental de Apure y, de acuerdo con personas familiarizadas con su caso, se habría encontrado con altos funcionarios venezolanos.

Méndez Hurtado se declaró culpable en una corte federal de Miami en 2014 y recibió una condena de 19 años. Fuentes cercanas a la investigación dicen que él y sus cómplices no habrían sido capaces de operar sin haberle pagado a una serie de altos oficiales militares y funcionarios del gobierno venezolano.

“Es súper claro el involucramiento de altos oficiales de la Guardia Nacional y del gobierno de Venezuela en el narcotráfico”, dijo un ex oficial de inteligencia y lucha contra el narcotráfico de la Guardia Nacional de Venezuela que huyó del país el año pasado asustado por la abrumadora la corrupción que veía a diario.

En otro caso judicial en Brooklyn, los fiscales han conocido las complejidades del tráfico de drogas en Venezuela después de romper una red de contrabando de cocaína dirigido por Luis Frank Tello, quien se declaró culpable, según documentos judiciales. La cocaína ingresaba por la frontera con Colombia y luego enviada al norte con la ayuda de agentes de la Guardia Nacional, a veces desde el aeropuerto de Maracaibo, la segunda ciudad del país.

Las investigaciones estadounidenses de funcionarios venezolanos han estado en curso durante años. En 2008, el Departamento del Tesoro de EE.UU. puso a tres importantes asesores del entonces presidente Chávez en una lista negra y congeló todos sus activos en EE.UU. Entre ellos se hallaba Carvajal, conocido como “El Pollo”, entonces jefe de la inteligencia militar. EE.UU. actuó después de que amplias pruebas surgieran a principios de ese año de las computadoras de un comandante de la guerrilla colombiana muerto, en la que, según los gobiernos de EE.UU. y Colombia, se describía el floreciente intercambio de cocaína por armas entre los rebeldes y generales y oficiales venezolanos.

En 2010, la fiscalía de Manhattan hizo pública una acusación contra Makled, el distribuidor de drogas venezolano acusado de enviar toneladas de cocaína a EE.UU. a través de Puerto Cabello, principal puerto marítimo del país, supuestamente controlado por Makled. Este, que había sido capturado en Colombia, se jactaba de tener 40 generales venezolanos en su nó-mina. “Todos mis socios comerciales son generales”, dijo entonces Makled en su correspondencia con uno de sus asociados, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal. “Te estoy diciendo despachamos 300.000 kilos de coca. No podría haberlo hecho sin la parte superior del gobierno”.

En julio pasado, funcionarios antidrogas estadounidenses casi atrapan a Carvajal, quien había sido acusado en Miami y Nueva York con cargos por narcotráfico y detenido en Aruba a instancias del gobierno estadounidense. Pero las autoridades holandesas lo liberaron a Venezuela con el argumento de que tenía inmunidad diplomática.

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The Wall Street Journal Americas

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