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Los Papeles de Panamá abren la discusión ética sobre el papel de los asesores

Los Papeles de Panamá abren la discusión ética sobre el papel de los asesores


El estallido del escándalo de los “Papeles de Panamá”, ha colocado en el tapete de discusión pública el tema de la ética de abogados y asesores financieros de personalidades públicas.

Un informante anónimo entregó al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), más de 11,5 millones de documentos confidenciales del bufete de abogados Mossack Fonseca.

En estos documentos, se revelan los nombres de importantes políticos jefes o ex jefes de Estado, y el entramado de empresas off shore que utilizan estas personalidades para el manejo de sus multimillonarios depósitos de dinero.

Este tipo de bufetes se especializa en ofrecer a sus clientes el marco legal para la apertura de empresas en paraísos fiscales.

Mossack Fonseca

De acuerdo a una nota de la Voz de América, el bufete fue fundado en 1977 por Jurgen Mossack, que nació en Alemania en 1948, y Ramón Fonseca, un panameño nacido en 1952. Convirtiéndose en Mossack Fonseca en 1986, cuando los dos abogados fusionaron sus bufetes legales. Hoy en día es la cuarta empresa de su tipo en el mundo.

“Es una compañía que provee servicios integrales legales y de manejo de fortunas y fideicomisos. Incorpora y administra compañías en jurisdicciones “offshore” en lugares como Suiza, el Reino Unido, Hong Kong, Islas Vírgenes Británica y Malta, así como en los estados de Nevada y Wyoming en Estados Unidos”.

A pesar de que la empresa declinó comentar sobre alegatos específicos, alegando la “confidencialidad que deben guardar a sus clientes”, dijo que “actuó responsablemente y cumplió con los protocolos internacionales”.

Aseguraron que “las compañías que incorporamos no son usadas para evadir impuestos, lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y otros propósitos ilícitos”.

Los Periodistas Investigativos

El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, que procesaron la información recibida “anónimamente”, publicaron sus hallazgos preliminares.

Este consorcio, reunió a más de 370 periodistas de todo el mundo para analizar los archivos filtrados, que contaron con el apoyo del diario alemán Suddeutsche Zeitung, y más de 100 medios.

Entres los hallazgos encontrados por ICIJ, estarían los bienes amparados por el entramado legal montado por el bufete para más de 140 políticos y funcionarios públicos de todo el mundo, incluyendo 12 líderes y exlíderes. Entre ellos aparecen el primer ministro de Islandia, David Gunnlaugsson, el presidente ucraniano, Petro Proroshenko, el presidente de Argentina, Mauricio Macri: la Inafanta Pilar de Borbón; personas relacionadas con el presidente ruso, Vladimir Putin, que movió hasta 2 mil millones de dólares a través de sus cuentas “offshore” en un período de casi 40 años; Leo Messi; un militar que fue el edecán de Hugo Chávez y su mujer –funcionaria de la Tesorería de la República, y el presidente de China, Xi Jinping.

Adicionalmente, en 241 mil documentos de los Papeles de Panamá, se mencionaría a “Venezuela”, y figurarían los nombres, entre otros venezolanos de Víctor Cruz Weffer, exjefe del Programa Bolívar 2000; Jesús Manuel Villanueva Rojas, ex auditor general y ex directivo de Pdvsa, así como diversas autoridades más de esa estatal petrolera.

Preguntas y la cuestión ética

A simple vista, puede resultar legítimo la actitud de millonarios de querer proteger sus patrimonios. La pregunta sería entonces, si ese caudal de dinero y propiedades tiene un origen legítimo.

En la legislación estadounidense, que ha desarrollado ampliamente el tema del lavado de dinero y del llamado dinero “sucio”, se asienta sobre un argumento muy sencillo.

El lavado de dinero es la intención de legalizar un dinero de origen sucio. Y la prueba ácida aplicada al origen del dinero es si este es proveniente de una actividad ilícita, y de ser lícita, si su obtención fue reportada en la declaración de impuestos y fueron pagados esos impuestos.

La cuestión ética surge cuando se analiza el papel asumido por los asesores en sus sugerencias a sus clientes.

A simple vista nuevamente, surge la pregunta de cómo un bufete de tanto nivel y experiencia no se cuestionó, o le pareció extraño, que funcionarios públicos de larga trayectoria burocrática, puede solicitar sus servicios para el montaje de un entramado de compañías que manejaran montos multimillonarios que exceden con creces sus exiguos salarios.

En los Estados Unidos, estos funcionarios reciben el calificativo de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Muchos bancos con operaciones multinacionales, siguen rigurosos protocolos que evitan que estos funcionarios abran cuentas.

Sin embargo, en sucursales que operan en paraísos fiscales, estos protocolos de seguridad no son seguidos o se aplican con “ligereza” a juicio del empleado bancario que atiende esos clientes. Lo que al final dependerá de los negocios que esos clientes lleven al banco.

Cuando un hombre público recurre a un asesor, con el fin de esconder cuantiosas sumas de dinero, estamos frente a un hecho ilegal que coloca a su vez al asesor frente una cuestión ética.

¿A conciencia el asesor se prestó para que alguien, en este caso su cliente, viole las leyes?

En este punto, vale la pena recordar el triste y famoso caso de Parmalat, el conglomerado lácteo italiano.

Conocidos bancos de inversión, y empresas asesoras de auditoría, recomendaron al propietario de Parmalat, el montaje de compañías fantasmas en paraísos fiscales, para desviar fondos de la empresa y ocultar sus ganancias y pérdidas.

Entre lo más escandaloso, según confesara Calisto Tanzi, propietario de Parmalat, habría sido la sugerencia de los asesores el crear la compañía offshore “Hueco Negro” (Buco Nero, en italiano) para ocultar las millonarias pérdidas de Parmalat, y así mostrar balances positivos frente a las autoridades y la banca.

¿Ese comportamiento fue ético o legal? Obviamente la justicia italiana determinó que no lo era. Es más, sentenció a importantes bancos internacionales a pagar cuantiosas multas.

De momento comienza el escándalo de los Papeles de Panamá. Siempre existirán comportamientos no éticos, que no por ello son ilegales. Es ilegal, solo cuando un comportamiento está tipificado como tal en una ley escrita y en vigencia. En este caso, pareciera que la falta de ética estaría cabalgando a la par con la ilegalidad.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

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