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Maduro asume responsabilidades en imputaciones de la justicia de EEUU

Maduro asume responsabilidades en imputaciones de la justicia de EEUU


Las imputaciones federales en los Estados Unidos por narcotráfico, a militares venezolanos de alto rango y ocupando altos cargos, no debería ser tomada a la ligera.

Los rumores que corrían por las redes sociales, en cuanto a presuntas listas de investigados y sus bienes incautados en territorio estadounidense, poco a poco fue tomando carácter cierto en la medida que fiscales federales de EEUU han ido presentando acusaciones formales ante tribunales federales.

La primera de estas imputaciones se dio a conocer, cuando el general Hugo Carvajal fue detenido al llegar a la isla de Aruba, hace exactamente dos años.

Maniobras diplomáticas del gobierno venezolano ante el Reino de Holanda, pudieron más que los convenios firmados por este país del norte de Europa con los EEUU. Lo que significó que el general Carvajal fuera devuelto a Venezuela.

Luego en noviembre del 2015, dos sobrinos de la primera dama fueron detenidos en la isla de Haití, en conexión con una presunta red para introducir un cuantioso cargamento de droga a los EEUU.

En esta oportunidad si funcionaron los convenios de cooperación haitianos-estadounidenses, con lo que los dos sobrinos presidenciales fueron trasladados de inmediato a territorio del norte y entregados a la jurisdicción federal ante un tribunal de la ciudad de Nueva York.

La semana pasada, fueron imputados ante tribunales federales dos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) –Néstor Reverol y Edilberto Molina, quienes estuvieron destacados en los altos mandos de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Se les acusa de presuntamente haber recibido dinero de carteles del narcotráfico.

En los casos de los militares imputados por la justicia estadounidense, la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ha sido de solidaridad inmediata.

En el caso del general Carvajal, el respaldo del gobierno venezolano fue efectivo. Para luego en el 2015 el PSUV –partido de gobierno- lograr conseguirle inmunidad al hacerlo diputado en las elecciones parlamentarias.

En cuanto al general Reverol, que había ocupado hasta hace poco la comandancia general de la GNB y se pensaba había caído en desgracia, luego de una pocas horas de haber sido imputado, fue designado ministro del Interior y Justicia.

En cuanto a los sobrinos presidenciales, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, no han corrido tanta suerte. Solo consiguieron que el gobierno declarara que habían sido “secuestrados”, y diarios estadounidenses han señalado que se les consiguieron abogados de alta factura para su defensa.

En lo que respecta al oficial Edilberto Molina, solo se conoce que para el momento de la imputación realizaba funciones diplomáticas como agregado militar en Alemania. Se desconoce si fue repatriado de inmediato, como aconsejaría la buena práctica diplomática.

La solidaridad militante

A parte de los sobrinos Flores, que por razones familiares obvias reciben la solidaridad de la familia presidencial, ha despertado suspicacia la actitud del gobierno venezolano de dar cerrado apoyo a los oficiales en cuestión.

Hasta que Nicolás Maduro llegase a la presidencia, no podía relacionársele con ningún funcionario civil o militar señalado por narcotráfico.

En cuanto a los rumores que advertían de un presunto Cartel de los Soles, para bien o para mal era –de ser cierto- responsabilidad de su antecesor.

En cuanto a las inmunidades dadas a los oficiales, carecen hasta cierto punto de efectividad. Sobre todo por la trayectoria del actual gobierno y sus amigos, que establecen precedentes que ahora no podrán echar para atrás.

Tales son los casos de no respetar la inmunidad de los diputados, como ocurriera esta semana con el diputado Luis Florido en Nicaragua, un gobierno amigo del gobierno venezolano.

Otro tanto

La responsabilidad de Maduro

De cara al futuro, y dado el actual estado de cosas, Maduro probablemente será analizado por el juego que ha hecho con los oficiales objeto de las imputaciones. Lo lógico era que los separara de los cargos, mientras los juicios se ventilan. No que los designara en cargos más importantes y los ascendiera de rangos.

Como personas, esos oficiales deberían tener la oportunidad de defenderse de las acusaciones, y salvaguardar su buen nombre. Al colocarlos en medio de un reto de poder, Maduro los condena a estar señalados y en entredicho, sin derecho a la defensa.

Eduardo Martínez/VisiónGlo

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