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Maxim Ross: La economía nacional es insostenible

Maxim Ross: La economía nacional es insostenible


 

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El economista Maxim Ross dice que el ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, no ha podido cumplir con su promesa de crear un mercado de divisas libre y flotante. Han pasado más de los 30 días propuestos y aún no se ha logrado ni siquiera sacar el convenio cambiario, recuerda el también profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Ross cree que con el proyecto de explotación del Arco Minero el país regresa hacia la “prehistoria económica”, porque volverá al modelo de hace 50 o 100 años: explotar los recursos naturales, en lugar de industrializarse

-¿Está Venezuela en una situación insostenible, tal como afirma el Fondo Monetario Internacional?

-Efectivamente, lo está porque el nivel precios de petróleo que estamos sosteniendo o esperando para el mediano plazo, para los cuatro o cinco próximos años, no le garantizan a Venezuela ni sostenibilidad en el bienestar, no solamente económico puro, sino en el bienestar de su población.

Ni tampoco garantiza la capacidad de inversión y los recursos que nuestro país necesita que sustituyan, precisamente, el recurso que proviene del petróleo. Por ejemplo, Venezuela vendía en 2012, 2013, unos 100 mil millones de dólares por la cuenta petrolera. Hoy en día estamos hablando de 27 o 30 mil millones de dólares: una caída de 70 mil millones de dólares.

Quiere decir que si no se consigue un sustituto de capacidad productiva o de capacidad de generación de recursos en términos de divisas, entonces, el esquema no es sostenible, bajo ningún respecto. En otras palabras: con los precios del crudo, con el modelo petrolero que Venezuela ha tenido, no solamente en estos últimos años, sino casi toda su vida, no es sostenible el crecimiento ni el bienestar de la población venezolana.

-¿Ha influido el problema de los bajos precios del petróleo o ya la caída del PIB venía manifestándose antes de esta situación?

-Absolutamente sí, y se venía manifestando porque ha habido un progresivo deterioro de la capacidad de crecimiento de la economía, incluso en los años de altos precios del crudo (2012-2013). La economía creció porque el impulso fiscal, la cantidad de divisas, que se convierte en dinero fiscal, y pasa a la circulación monetaria, pudo moverla a ésta. Pero ese es un recurso ficticio, puntual, no sostenible; por consecuencia, no puede resolverse el problema económico por esa vía.

-Se habla de un decrecimiento de la economía entre un -7% y -10%. ¿Qué estimación tiene usted?

-Correcto esas son nuestras estimaciones para este año. Se habla de una caída en ese orden. Yo creo que nosotros podemos ratificar esa cifra. Pero, además de esto, hay lo siguiente, y yo creo que es bueno agregarlo para que la opinión pública lo conozca: no solamente se trata de una caída del producto en el presente año, sino que ya Venezuela presenta, en los dos últimos años una caída del PIB que acumula una pérdida de capacidad productiva del orden del 25%.

Es la pérdida de capacidad productiva más elevada de toda la historia venezolana. Ni siquiera en los sucesos de 2003, cuando se cayó la producción de crudo, o por allá por la década de 1980, cuando se produjo el Viernes Negro, nunca Venezuela tuvo una caída de la producción de la magnitud como la que estamos viendo en los últimos años.

-¿Qué explica el hecho de que durante esos años o durante el gobierno de Rafael Caldera entre 1997-98, cuando los precios del petróleo descendieron a 8 o 7 dólares, nunca llegamos a esta situación? ¿Salvó a Caldera el hecho de que el aparato productivo estaba intacto?

-Claro que sí, la diferencia es absolutamente distinta. Es decir, en los años 97-98, por más que los precios del crudo se habían caído, la economía venezolana tenía un soporte interno relativamente importante. Y la diferencia está en que si usted deja caer los precios del crudo, como ha ocurrido estos dos años, y ha estado destruyendo la capacidad productiva del país, hostilizando al sector privado, expropiando, regulando de manera absolutamente fuera de sentido el proceso económico, entonces los dos componentes determinan una diferencia fundamental con lo que estaba ocurriendo en los años 97-98.

Es decir, si en este momento, con la caída de los precios del crudo, se hubiese estimulado al sector privado importante de la economía venezolana, no al pequeño productor que no puede contribuir sustancialmente en la reactivación del aparato productivo, la situación hoy no fuera tan precaria. En días pasados se dio una reunión de las 43 asociaciones de productores agrícolas de Venezuela para llamar a una emergencia nacional, porque la caída de la productividad agrícola, que ha ido mermando en los últimos años, hace que la situación sea sustancialmente diferente a 1997-1998.

-¿Eso significa que ninguna de las empresas que fueron expropiadas son productivas?

-Ninguna, y el mejor ejemplo que hay es el de Sidor y de las empresas de Guayana en su conjunto: nosotros éramos exportadores de aluminio, hoy en día estamos comprando aluminio. La propia producción de Sidor, que se ubicaba en el orden de 4 a 5 millones de toneladas por año, llegó a 1 millón y medio de toneladas, y en este momento tenemos las acerías cerradas por el problema eléctrico.

De manera que todo el esquema de expropiación que se ha realizado en los últimos años, no solamente en el área industrial, en el área agrícola, en el área de servicios del país y petrolera es una completa debacle. No hay una empresa petrolera. No hay una empresa del Estado que esté dando resultados positivos, a partir del modelo de expropiación que puso en práctica este gobierno.

 -El gobierno habla del Arco Minero, y cuya explotación, posiblemente, supla el problema del déficit fiscal a la larga. ¿Cómo ve usted ese proyecto?

-Lo veo muy mal, porque si uno analiza brevemente lo que ha sido la experiencia de expansión de un país de menor desarrollo, se consigue que lo primero que hicieron fueron las minas, después explotaron recursos naturales y después se industrializaron. Se trata de un proceso natural: usted tiene un recurso como el oro, diamantes o bauxita, y la primera fase de eso es explotar ese recurso y venderlo.

Luego usted descubre, y es un poco la historia de los países, que se han ido desarrollando, que todos esos recursos naturales se van procesando. Si usted lo que está haciendo es regresar a una cierta prehistoria económica, en el sentido de que usted va a volver a hacer lo que hacía hace 50 o 100 años, explotando los recursos naturales, se convierte, prácticamente, en un país africano, no de hoy sino de la década de 1920. Esas grandes compañías internacionales a las que precisamente el gobierno ha invitado para explotar y desarrollar el Arco Minero, fueron las compañías que tuvieron grandes problemas de minería en el África durante esos años.

Yo diría que manera trágica, dramática es la palabra, el gobierno está regresando a Venezuela a lo que fue el esquema de desarrollo de un país en los primeros años de su existencia o de su desarrollo, en la época del Libertador, y por eso fue que él se preocupó mucho por este asunto.

Esta es una cuestión que no solamente ha sido muy criticada desde un punto de vista económico, porque un país se debe industrializar, sólo que el proceso lógico que debió seguir el país industrializarse a sí mismo. Entonces el tema del Arco Minero constituye una respuesta política, pero es una respuesta completamente anacrónica respecto del problema que Venezuela debería estar resolviendo.

En otras palabras: el gobierno está proponiendo pasar del rentismo petrolero, que tanto critica, al rentismo minero, que es peor. Ahora estamos regresando a explotar, como en el siglo XIX, oro, diamantes. Se trata de un anacronismo económico, pero para mí, eso sólo tiene una justificación política: el gobierno, habiendo despilfarrado los recursos petroleros de los últimos años, no habiendo ahorrado, que es lo que tenía que haber hecho en la época de las vacas gordas para vivir la época de las vacas flacas, tiene que valerse de este tipo de rentismo.

-Volviendo a las cifras de inflación para 2016, el FMI estima para finales de año que el flagelo se pudiera ubicar en 750%. ¿Qué piensa usted?

-Como siempre te he dicho en tus entrevistas, en materia de inflación no me gusta colocarme en un número. El problema de la inflación no estriba en que uno diga que es 500, 700 u 800. En principio te digo que esa cifra del FMI no le consigo asidero en los exámenes que nosotros estamos haciendo en Venezuela, y no solamente nosotros, sino otros grupos de analistas privados, incluso, firmas extranjeras. Ninguna está dando cifras equivalentes a las del FMI.

A mí me gustaría preguntarle al FMI, que me ayude a entender cuáles fueron sus fuentes de información y sus criterios para encontrar estas cifras. Pero, te repito, en mi caso el número no me gusta darlo. Porque no quiero atarme a números. Lo que sí te puedo decir, y que me parece mucho más importante para que la opinión pública lo conozca, es que la inflación en Venezuela se ha ido acelerando de una manera progresiva: te doy un número, en el año 2012 la inflación en Venezuela era del orden del 30%. Si este año estamos hablando de 300% o, mejor dicho, de lo que dice el FMI, 750%, estamos hablando de una poderosa aceleración del índice de inflación, que daña violentamente el ingreso de los venezolanos.

Por eso los índices de pobreza que han estimado las universidades venezolanas están creciendo aceleradamente. El tema no es tanto la cifra, que es importante manejarla, como sí saber que la inflación tiende a acelerarse vertiginosamente en Venezuela, si tomamos en cuenta que pasó de 30% a una cifra considerablemente superior.

-¿Cómo ha visto usted el comportamiento del nuevo esquema cambiario?

Muy mal. Es que usaste unas palabras con las que yo no concuerdo: “nuevo esquema cambiario”. No hay un nuevo esquema, lo que hay es exactamente igual al anterior con nombres distintos.

-¿Dipro y Dicom, no?

-Exacto, pero es lo mismo que Cencoex o Cadivi o Simadi desde el punto de vista de su contenido. El gobierno es muy hábil en sus esquemas de propaganda, en cambiar los nombres de las cosas. No hay ninguna diferencia entre el Dipro de 10 bolívares o el Cencoex de 6,30 bolívares, de preferencia para bienes esenciales. Resulta lo mismo. Lo único es que lo devaluaron en más de la mitad, pues de 6,30 pasamos a 10 bolívares: una devaluación de facto que, por cierto, nadie denuncia.

Por otro lado, el Dicom está funcionando de la misma manera oscura que el Simadi, porque nadie sabe quién vende, nadie sabe quién compra. Nadie sabe de dónde sale el número que este miércoles cerró en 376 bolívares del dólar del Dicom. Lo publica el BCV como una referencia. No puedo garantizarlo, pero entiendo que ha habido operaciones superiores y menores a eso. Por eso te digo: ¿en qué se parece el Simadi al Dicom? En dos palabras: opacidad, y no transparencia. Nunca la oferta de un mercado, como ofreció el ministro Pérez Abad, donde se iba a tener en 30 días un mercado libre y flotante, se cumplió, y tanto es así que no se ha logrado sacar el convenio cambiario, cuyo plazo de 30 días que, repito, él prometió, no se cumplió.

El ministro no ha podido cumplir esa promesa, porque no puede ofrecer un mercado libre y flotante hasta tanto no se tome una decisión de alta categoría, como es eliminar el control de cambio, y eso tiene que negociarlo con el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, un señor que ha dicho que si el gobierno elimina el control de cambio, al día siguiente lo tumban.

La invitación a que los empresarios venezolanos se saquen la plata del bolsillo, y coloquen dólares en ese mercado es completamente utópica, en el sentido de que Pérez Abad sabe muy bien que sin generar todo un mecanismo de confianza para que los empresarios coloquen su dinero allí, nadie lo va a hacer.

Un problema de confianza

Voceros del gobierno le han recomendado a las Empresas Polar repatriar los dólares que devengan sus empresas en el extranjero. Lorenzo Mendoza responde que eso violaría la Ley de Ilícitos Cambiarios. ¿Eso sería ilícito?

-Es lícito en la medida en que usted me dé garantías de que estoy operando en un mercado libre de competencia, donde se cumple la ley. Porque, está bien, claro que Mendoza y las Empresas Polar y otras empresas de venezolanos en el exterior obtienen dólares a partir de sus transacciones en los mercados internacionales, pero la pregunta es por qué no invierten esos dólares en la economía venezolana.

Los empresarios venezolanos, en su conjunto, no invierten en su país por un problema de confianza; no solamente en el panorama económico, donde es necesario que le garanticen el otorgamiento de los dólares, que la tasa de inflación se va a reducir, sino que hay un problema jurídico de por medio: si yo me traigo unos dólares, al día siguiente me pueden decir: “aquí se quedan”, me los pueden expropiar.

En otras palabras: sí es lícito hacerlo, pero también es lícito que antes de hacerlo el empresario exija las garantías institucionales. Además, la pregunta también es: ¿por qué el Estado no pone el dinero en manos de las empresas, para que las empresas realicen sus actividades productivas? La respuesta es: porque ese dinero se fue, como se va la sal en el agua. Ese dinero se ha ido, sin saber a dónde fue a parar. De modo que todos los venezolanos tenemos derecho a decirle al gobierno: está bien, yo traigo mi dinero, pero primero demuéstreme hacia dónde ha ido el suyo.

Enrique Meléndez/La Razón

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