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“Neodictadura” por Gonzalo González

“Neodictadura” por Gonzalo González


Gonzalo González.

Dictadura es un sistema político en el cual el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno, concentra en sus manos la capacidad de decidir y aplicar las políticas públicas a su libre saber y entender, sin estar sujeto al control o fiscalización de cualquier otro poder del Estado. La voluntad de quienes gobiernan es absoluta, total e inapelable.

En esta clase de régimen pueden existir otros poderes nacionales, Legislativo, Judicial u otros, pero los mismos no son autónomos ni independientes, están férreamente controlados y subordinados al gobierno. Son meras fachadas para maquillar la condición absolutista del sistema. El Estado de Derecho, los derechos civiles y políticos así como los derechos humanos de la ciudadanía son inexistentes o están tan disminuidos que son casi nugatorios.

En las dictaduras el sostén básico y decisivo descansa en la Fuerza Armada. En ellas los militares pueden detentar directamente el poder o tutelarlo por interpuesta persona.

En Venezuela, desde el punto de vista político y técnico, ya estamos en una dictadura. Todos los poderes del Estado están concentrados en la Presidencia de la República y el único que no lo está es el Legislativo, pero ha sido desconocido por el resto de los poderes. La fisiología del sistema prescrita en la Constitución ha sido definitivamente rota y el caro principio de la garantía inmanente descansa en paz.

El entramado paraconstitucional construido por el chavismo desde 2007 ha sustituido a la Constitución formalmente vigente.

Decimos que el sistema político realmente vigente es una neodictadura porque aunque comparta con la tiranías tradicionales el objetivo central de asumir y concentrar en el Poder Ejecutivo todos los poderes del Estado, posee en su accionar modos y formas que le confieren identidad propia y distintiva de las tradicionales.

Para sustentar lo que afirmo voy a usar la fórmula de comparar, sucintamente, lo que hoy existe con la última dictadura de corte tradicional padecida en estos lares, la del general Pérez Jiménez (MPJ).

Cuando la Junta Militar que gobernaba de facto en 1952 perdió la elecciones constituyentes de 1952 procedió a desconocer los resultados, a invalidar a los diputados elegidos –salvo a unos fantoches que se prestaron al juego–, detuvo o desterró a los líderes democráticos aún libres, instaló un Congreso ilegal que a seguidas designó a MPJ presidente de la República, se suspendieron los derechos civiles y políticos de los venezolanos y se reprimió a todos quienes se opusieron al golpe perpetrado amparado en la razón de la fuerza. Así comenzó la larga noche que culmino el 23 de enero de 1958.

Las neodictaduras actúan de una forma más sofisticadas, enrevesadas, en una especie de juego de máscaras y simulaciones. Constantemente caminan sobre el filo de la navaja bordeando la ilegalidad mientras avanzan, sin prisa y con las pausas necesarias, hacia su objetivo de dominación.

En 2015 hubo elecciones parlamentarias y el régimen las perdió de calle. De ellas emergería un parlamento dispuesto a reivindicar su autonomía y a ejercer plenamente sus competencias constitucionales.

El chavismo tuvo que acatar los resultados, pero desconoció y desconoce las consecuencias políticas, legales e institucionales de la voluntad ciudadana y decidió acelerar en el camino hacia su indisimulado objetivo: ejercer el poder de forma dictatorial.

Los nuevos tiempos no les permiten actuar como lo hizo Pérez Jiménez en 1952. Proceden entonces –tratando de guardar las formas– a reformar la composición del TSJ sin cumplir con los requisitos legales, a desconocer la elección de los diputados de Amazonas, declarar y renovar sin autorización del Parlamento la emergencia económica y el estado de excepción, a utilizar el resto de los poderes nacionales para cercar y disminuir la vigencia de la Asamblea Nacional, declarar por decisión del TSJ en desacato al Parlamento para invalidar sus decisiones y  finalmente a aprobar el Presupuesto Nacional vía TSJ. Toda esta operación busca disimular bajo el expediente del conflicto de poderes la intención de esterilizar la Asamblea Nacional. No la clausuran, como ocurriría en una dictadura tradicional, pero la convierten en irrelevante a los efectos del funcionamiento del Estado.

La suspensión indefinida de los comicios regionales y los obstáculos puestos a la activación del referéndum revocatorio por parte del CNE invalidan en la práctica el derecho de ejercer el sufragio de parte de los ciudadanos. De nuevo, el régimen se escuda con actos supuestamente legales decididos por un poder –formalmente autónomo, el CNE– para impedir el ejercicio de un derecho político.

En definitiva, la Constitución no se observa ni se cumple, se desconoce en la práctica, pero no se deroga para mantener la ficción.

Podrá mantenerse en Venezuela el formato neodictatorial sin que la dinámica lo empuje hacia la dictadura tradicional. Ese es uno de los interrogantes del momento.

El Nacional, 19 de octubre de 2016

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