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ONU preguntó sobre prohibición de salida contra 22 directivos de medios

ONU preguntó sobre prohibición de salida contra 22 directivos de medios


El Estado guardó silencio sobre juicio a El Nacional, Tal Cual y La Patilla. Conatel negó que el gobierno cierre medios. Expertos pidieron visitar el país

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El segundo día del examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el Estado venezolano, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no fue diferente al primero: los expertos hicieron incisivas preguntas, observaciones y reflexiones sobre la situación del país, y la delegación oficial respondió con maña, ironía y afirmaciones reñidas con la verdad.

El presidente del Comité, el argentino Fabián Salvioli, tuvo que recordarle a la delegación oficial que debía respetar a sus interlocutores: “El Comité es completamente independiente. Sus miembros se expresan de la misma manera en todos los exámenes con todos los Estados. Quizás, como el Estado venezolano tenía 15 años sin venir, olvidó la dinámica del diálogo. Hay que respetar al Comité”.

Los expertos independientes pidieron precisiones sobre obligatoriedad del registro militar; instrucción premilitar en las cárceles; discrecionalidad del Ejecutivo para suspender las transmisiones de los medios y decidir qué es información verdadera; agresiones de militares contra pueblos indígenas; ataque a periodistas, y acoso a líderes sindicales, entre otros asuntos.

¿Qué pasa con los 22? El experto israelí Yuval Shanny, preguntó a la delegación encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, sobre la medida cautelar que afecta a los directivos de 3 medios de comunicación.

“Quiero información sobre la prohibición de salida del país de 22 editores de medios de comunicación”, dijo Shanny al comienzo de la jornada, que duró casi 5 horas. Ortega y las magistradas Carmen Zuleta y Marjorie Calderón guardaron silencio. “Vamos a responder todas las preguntas, pero muchas las haremos por escrito”, dijo más tarde la titular del Ministerio Público en relación con la cantidad de interrogantes que no fueron aclaradas.

El comisionado costarricense, Víctor Rodríguez-Rescia, hizo una propuesta que tampoco recibió respuesta: “Pedimos al Estado que las relatorías de la ONU sean invitadas para trabajar y fortalecer temas como el acceso a la información. Que se invite al alto comisionado”.

El martillo. Los  expertos pidieron el cese de la persecución a los defensores de derechos humanos y citaron los casos de Rodrigo Diamanti, Humberto Prado y Marianela Sánchez.

El británico Nigen Rodley se refirió a las expresiones utilizadas por Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando: “El presidente de la Asamblea Nacional se llama ‘el martillo’ (sic) en su programa. Esto no corresponde a un cargo de ese nivel. En su programa suele atacar a las personas que acuden a los organismos internacionales”.

Yuval Shanny se adhirió al señalamiento de su colega: “Nos preocupa el lenguaje de las autoridades. Quiero que me hablen de la retórica tan recia que hay en algunos funcionarios, en particular del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Podría ser causa de algunas agresiones?”. Ningún miembro de la delegación respondió a estas dudas.

Falsedades y mentiras. La delegación estatal contó con varios voceros. El director de Conatel, William Castillo, se refirió a la libertad de expresión, no sin antes acusar a los miembros del Comité de basar sus preguntas en “falsedades y mentiras”.

“En Venezuela no hay censura, sino responsabilidad ulterior. En 11 años ha habido 26 procedimientos y solo uno fue multado. En 2014 se bloqueó NTN24 porque intervenía en la soberanía, pero no hay una política de Estado para el bloqueo de Internet. En febrero de 2014 se propagó que el Estado bloqueó Internet, pero se demostró que grupos violentos cortaron la fibra óptica en el Táchira y eso afectó el servicio. Hemos bloqueado 924 enlaces diferentes al portal Dólar Today porque promueve magnicidio”, dijo Castillo.

Sobre las restricciones para la compra de papel periódico indicó: “El sistema fue penetrado por la corrupción privada. Entonces se les suspendió el otorgamiento de divisas a los periódicos y se les da el papel. 80% ha aceptado este sistema, pero hay dos o tres que se niegan”.

Acceso total. Los expertos preguntaron por los casos contra Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. La fiscal Ortega respondió sin dudar: “Toda persona puede entrar a ver los juicios de López y Ceballos, y solo hay una limitación de espacio. Se les garantiza todo lo necesario: visitas, deportes, sitios higiénicos, misa. Acaban de concluir la huelga de hambre y el Estado estuvo vigilante de su salud. López y Ceballos tienen acceso a médicos de su confianza”.

El secretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, habló sobre la violencia carcelaria: “No es cierto que exista hacinamiento de 150% a 200%. Las muertes han descendido: en 2012 fallecieron 405 reos; en 2013 hubo 402; en 2014 hubo 140, y en 2015 van 111 fallecidos”.

El director de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Rubén Molina, también cuestionó a los miembros del comité, antes de referirse al tema de su competencia: “Los integrantes del Comité hacen juicios de valor, son parciales y tienen posiciones políticas. Los Estados tienen potestad de ratificar o denunciar tratados. En Venezuela las ONG ejercen su derecho de asociación, pero los defensores no son neutrales, accionan políticamente, elaboran informes que no son ingenuos y usan los derechos humanos como herramienta de oposición. No se les acosa, se les responde políticamente”.

La interpelación fue transmitida en vivo por Internet. Además, su desarrollo se pudo seguir minuto a minuto a través de la cuenta Twitter @VE_ONU (creada por ONG presentes en la sesión).

María Afiuni en el debate
El caso Afiuni volvió a ser abordado ayer por el Comité, pese a las objeciones de la fiscal general, Luisa Ortega, que ante la insistencia de los expertos dijo: “Tenemos una declaración firmada por la jueza Afiuni y la vamos a poner a disposición del Comité y  todo el mundo para que se reproduzca”. No mostró ni ahondó en la naturaleza del supuesto documento, pero su amenaza generó la inmediata reacción, en Caracas, de María Afiuni, que solicitó al tribunal autorización para viajar a Suiza a denunciar a Ortega por “uso de acto falso”. Pasado el mediodía, su abogado, José Graterol, informó que el tribunal le negó a Afiuni la libertad plena y la autorización para viajar a Suiza. Mientras tanto, en Ginebra, el experto británico Nigen Rodley sirvió de vocero, en tiempo real, de Afiuni: “La juez está muy indignada. Dice que no hay carta escrita negando la violación y malos tratos, y confirma la denuncia realizada”.

El Dato
Lilian Tintori pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU abogar por la liberación de los presos políticos y el cierre de “la Tumba”. “Los 75 presos políticos deben ser liberados inmediatamente”, declaró ayer en Ginebra. Tintori  también asistió como público a la sesión del Comité de Derechos Humanos vistiendo una camiseta con los nombres de los políticos y estudiantes muertos en las protestas de 2014.

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MARU MORALES P. / El Nacional

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