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“Otra historia. Otra estadística”, por Ysaira Villamizar

“Otra historia. Otra estadística”, por Ysaira Villamizar


Ysaira Villamizar

 

Conocer la historia de Dayana Martínez es retratar la realidad que viven miles de venezolanos de todos los estratos sociales (menos de la boliburguesía) de este país.  Es común entre vecinos, amigos o familiares contarse las peripecias que deben hacer para  comprar un medicamento vital para ellos o parientes a quienes la salud no les ha sido favorable. La expresión “si mi hijo hubiera tenido el tratamiento, no pasaba esto” alude a la posibilidad cierta de haberse evitado una tragedia si alguien hubiera actuado a tiempo. “Estuve 10 meses esperando respuesta. A Daniel   no le garantizaron el derecho a la vida ni a la salud”, expresó Dayana. Al niño, cuya mala suerte de haber sido en ese momento  el único caso en el país con Tirosinemia Hepatorenal tipo 1 (antes se habían diagnosticado dos), le coincide su patología con la crisis generalizada que vive el país y que tiene una de sus expresiones más dramáticas en el sistema de salud, la escasez  de medicamentos, consecuencia de una insensata política económica.

Pero, ¿era posible que este gobierno se ocupara de asegurar la vida a su hijito de 4 años garantizándole a como diera lugar la tenencia oportuna del NTBC (Orfadin), si no ha podido ni siquiera controlar la dotación de medicamentos tan elementales y económicos como acetaminofén para una población afectada de chinkungunya de manera impresionantemente masiva, a pesar de las estadísticas oficiales?.

Pues la historia de Dayana es la de un país con un gobierno desordenado, indolente, ineficiente. En diciembre de 2013 comenzó el suplicio de Dayana. Las diligencias de la doctora que atendió el caso de su hijo ante el Ministerio de Salud para preservar la vida del pequeño Daniel, se hicieron expresando la urgencia debida con su informe médico, su respectivo presupuesto, el 13 de febrero de 2014, el 20 de marzo, el 25 de abril, el 21 de agosto. Sí. La medicina sería otorgada de manera gratuita; correspondía al gobierno comprarla. Era el deber, la responsabilidad, la obligación ética de la “revolución”.

En mayo, Francisco Armada, el Ministro de Salud en ejercicio, respondió a la solicitud que personalmente le hicieran en un acto de gobierno de calle, señalando que eso tenía un trámite, trámites que ya la médico tratante había adelantado con varias gestiones. Esa fue la respuesta de un gerente a quien le corresponde gestionar de manera diligente la solución de los problemas de salud de nuestra población y, en especial, la de la infancia. La insensibilidad atentaba contra la vida de Daniel.  Pero una madre no se cansa de luchar. Así que acudió a otras instancias del Poder Popular, como la Defensoría, el  Ministerio de Alimentación, del Interior, Miraflores, Pdvsa, Vicepresidencia e instancias oficiales internacionales, buscando, por sus propios medios, quién le facilitara la compra de la medicina o el traslado del niño al exterior.

La solidaridad que despierta estos casos, reunió a madres que como Dayana, tienen hijos con padecimientos poco comunes. Ellas se organizaron para acudir repetidamente ante el Ministerio de Salud a solicitar el cumplimiento del deber del Estado de proteger la vida de sus hijos garantizándole estos medicamentos que, por excepcionales, no se consiguen en el país.

En su drama siempre contó con el acompañamiento de la médico tratante, que, en un nuevo esfuerzo, en julio envió a la Defensoría del Pueblo un oficio insistiendo en la necesidad urgente de que adquiriesen el medicamento que podría salvar o al menos prolongar con calidad, la vida de Daniel. No hubo respuesta. El silencio fue cómplice en el agravamiento de la salud de Daniel.

Con una nueva Ministra al frente, se insiste en la solicitud. Tal vez por su condición de madre, la primera autoridad del país en materia de salud, tendría la solidaridad necesaria para comprender esta tragedia familiar. Hubo  respuesta optimista finalizando el mes de noviembre. Ya al menos, el “punto de cuenta para la compra  del medicamento” estaba decidido. Después de diez meses,  en la segunda semana de diciembre le informaron de su aprobación por parte de las autoridades correspondientes por un monto de 640 mil bolívares aproximadamente (para un tratamiento de 5 meses); pero el 26 de diciembre, cuando  aún no se había concretado la compra, el niño murió. La burocracia atentó contra la vida de Daniel.  Ni siquiera hubo condiciones para investigar si el “bulto” que tenía en el hígado era cáncer. El hospital donde era atendido, a pesar de reconocida labor,  no estaba realizando los exámenes que le solicitaron, pues no había reactivos ni ¡tubos de ensayo! para extraer las muestras de sangre. No había para transfusiones y se necesitaba sangre porque el niño la vomitaba. La  escasez de insumos médicos no ayudaron a salvar a  Daniel.

La muerte del niño se convertía en una cifra estadística más. La historia clínica, tal vez dirá “Daniel Solórzano. Muerte natural. Infarto”, pero en el seno de la familia el reporte será otro: violación a los derechos a la vida, a la salud; violación al principio del interés superior del niño, premisa fundamental de la doctrina de protección integral asumida por el Estado; violación a la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Paradójicamente, por sentido de responsabilidad con el Estado, 3 días después del fallecimiento, Dayana, quien llevaba diez meses gestionando la compra del medicamento,  reacciona llamando con urgencia al Ministerio de Salud para informar lo ocurrido y detener la ya “innecesaria” compra. La sorpresa es que estaban enterados y, adelantadas las gestiones para detener el pago al Laboratorio.  ¡Funcionó la simplificación de trámites!.  

 

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