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Persecución a Smolansky revelaría usurpación de funciones al Ministerio Público

Persecución a Smolansky revelaría usurpación de funciones al Ministerio Público


La operación represiva de las última horas en contra de David Smolansky, alcalde de El Hatillo, habla más de los temores y contradicciones del gobierno que de los presuntos delitos que se le quieren imputar.

En la nueva metodología de persecución, que no es primera vez que el gobierno la ensaya, se aborda con violencia a un ciudadano desde un vehículo sin placas, por hombres fuertemente armados, vestidos de negro, a veces con pasamontañas o capuchas, y sin ninguna orden judicial en las manos, y muchos menos bajo la supervisión del Ministerio Público.

A continuación, en una ciudad de más de 15 asesinados diariamente y de un número no conocido –aunque estimado alto- de secuestrados, el ciudadano desaparece hasta por 72 horas o más.

A partir de este momento, empieza el calvario de los familiares y amigos. Son ruleteados por todos los centros conocidos de detención, sin llegar a saber dónde lo tienen hasta que se conoce que lo van a presentar ante un tribunal.

A mediados de la década pasada, el gobierno ensayó la operación de exceder el tiempo de detención sin imputar al detenido.

Luego de varios días el ciudadano aparecía en la calle, golpeado y entregado a una delegación de cualquiera de las policías o de la Guardia Nacional, y era a partir de ese momento que empezaban a correr las horas.

A continuación, siempre se encuentra un juez ad-hoc que legaliza procedimientos y da curso a las imputaciones.

También “siempre”, los abogados defensores alegan las irregularidades procedimentales que en condiciones de justicia y normalidad significarían la liberación del detenido, y el enjuiciamiento de los funcionarios incursos en la irregularidad, cuyo presunto delito “no prescribe” por ser una violación de los derechos humanos, y constituirían presuntamente crímenes de “lesa humanidad”. Lo que queda como una materia pendiente, en la agenda de los derechos humanos venezolanos.

Para los expertos en derechos humanos y juristas de gran conocimiento en la materia y experiencia, estas tácticas o modus operandi, son reconocidas maneras de practicar el secuestro y la desaparición forzada de personas.

En la semana pasada, en los días previos a la jornada del 1º de Septiembre, fueron detenidos con estas prácticas los dirigentes de oposición Carlos Melo y Yon Goicoechea.

Pero todos los casos no son iguales. Smolansky es la primera autoridad de El Hatillo. Aunque se sientan con el poder para hacerlo, una detención como la de Melo Goicoechea, sería un escándalo de alcance internacional. A lo que le tiene miedo el ala más conservadora del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Por ello se recurrió a una estratagema que reveló otros intríngulis del poder chavista: la existencia de una presunta “fiscalía paralela”, que de ha venido denunciando la oposición, y que también presuntamente habría encontrado un punto de roce o confrontación con la propia Fiscalía General de la República, que percibe una presunta “usurpación de funciones”.

La estratagema en cuestión fue la de citar al alcalde de El Hatillo a la sede del Sebin, en relación a estar presuntamente incurso en una violación de la Constitución.

Así, los grupos con capuchas y armamento, no se verían en la obligación de apoderarse de la persona del alcalde, como con los otros detenidos de las últimas dos semanas. Una vez más, Smolansky entraría a declarar y lo más probable es que quedara detenido en la oscuridad de la policía política del gobierno.

Específicamente, en la citación del Sebin -firmada por el comisario general Carlos Calderón Chirinos, director de investigaciones estratégicas- se informa que violó el artículo 58 por “falta de veracidad”, al denunciar a través del diario El Nacional de que “Goicoechea está en una celda llenas de excremento en el Helicoide”.

En la noche del viernes, en entrevista con Fernando del Rincón de CNN, David Smolansky señaló que denunció las condiciones de detención, luego de recibir una carta de puño y letra de Goicoechea.

Smolansky, que de tonto no tiene un pelo, procedió a acudir a la sede de la Fiscalía General de la República, para indagar sobre la presunta investigación en su contra.

La respuesta de la Fiscalía no pudo ser otra. No hay investigación adelantada en su contra. Más aún, el defensor del Pueblo, William Tarek Saab, declaró que habían “ambigüedades” en la citación del Sebin.

De esta manera, y por ahora, la habitual orden de “a este me lo ponen preso”, queda en suspenso.

Reacciones

La respuesta de los dirigentes de oposición no se hicieron esperar. Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que el alcalde hizo los correcto al denunciar las inhumanas condiciones de encarcelamiento en las que se encuentran recluidos dirigentes como Yon Goicoechea o Delson Guarate.

“No puede ser posible que la policía política del régimen en vez de ocuparse de las investigaciones que debe hacer ahora esté en plan de perseguir y amedrentar a la oposición y atribuirse funciones que no les corresponden. David Smolansky, lo que ha hecho, como le corresponde a todo ciudadano venezolano, ha sido denunciar las condiciones inhumanas de detención en la que se encuentran los presos políticos y hoy ha hecho lo correcto al venir al Ministerio Público para denunciar este atropello”, afirmó.

“Ellos creen que con eso van a asustarnos, que van a impedir que nosotros denunciemos sus atropellos. Pero que sepa el gobierno que ni con toda su represión ha logrado reducir el ímpetu democrático de los venezolanos y que nosotros continuaremos ejerciendo nuestras funciones constitucionales”, agregó Ramos Allup.

Por su parte la joven diputada Manuela Bolívar señaló denunció que “desde hace semanas los cuerpos de inteligencia del estado mantienen una política de hostigamiento no solo contra los dirigentes de Voluntad Popular, sino también con otros líderes de la Unidad Democrática. Hoy estamos aquí en solidaridad con nuestro hermano David Smolansky, quien fue citado por el Sebin para ser interrogado en una cárcel, nada más y nada menos que en El Helicoide, lugar que se ha convertido en la prisión política de este régimen”.

Y afirmó que “aquí no es el Sebin quien judicializa, aquí no son los organismos de inteligencia quienes deciden si alguien es culpable o inocente, por eso nosotros le exigimos a la fiscal Luisa Ortega que nos aclare porque hay otro organismo usurpando sus funciones”.

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, al solidarizarse con el alcalde David Smolansky, precisó que “el Alcalde David Smolansky no tiene por qué ir al Sebin a rendir cuenta por sus opiniones. La libertad de opinión está amparada en la Constitución, y ni él y ni ningún venezolano tienen que pedirle permiso ni a Maduro ni a su cúpula corrupta. Este Gobierno convirtió al Sebin en el grupo de espionaje del PSUV. Funcionarios que no tienen preparación le dan una pistola, un carro nuevo, una placa de comisario y los mandan a hacer seguimiento a un dirigente político”.

Rafael Narváez, defensor de Derechos Humanos, aclaró de cómo debe funcionar –de acuerdo las leyes venezolanas- el sistema de justicia.

“Cuando vemos que el Sebin procede a ejecutar un allanamiento sin orden judicial, está contrariando la Constitución y usurpando funciones del Ministerio Público (MP) organismo que a través de una investigación previa, solicita al Juez de Control la posibilidad de una visita domiciliaria, de un registro, pero con elementos importantes donde presuntamente se está cometiendo un hecho punible” manifestó.

“El Sebin cumple las funciones de Pedro Estrada al resucitar métodos que fueron superados en el país con la vuelta a la democracia luego de 1958”, afirmó.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

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