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“Pierde Vargas, pero Peña más” por Jorge Castañeda

“Pierde Vargas, pero Peña más” por Jorge Castañeda


Jorge Castañeda.

En el caso Aristegui hay dos vertientes: la contractual/laboral, y la política. Me faltan elementos para juzgar la primera. No sé qué de lo que hicieron Aristegui y sus colaboradores violó o no el contrato de prestación de servicios que firmó con Joaquín Vargas. Huelga decir que menos sé si él puede dar por terminada la relación laboral como lo hizo. Opinar resulta difícil, ya que si todo esto importa –la supuesta utilización del logo de MVS para incorporarse al portal de MéxicoLeaks, la acusación de un abuso de confianza, y luego la afirmación de un término de relación contractual– no está claro.

La vertiente política es más evidente, aunque es un enigma. Parece inverosímil que el gobierno, con tanto problema enfrente, se echara otro muertito encima: Aristegui despedida, el fin de la libertad de expresión en México, etcétera. Parecería más probable, aun creyendo que este gobierno ha dado muestras de gran insensibilidad, que la decisión fue solo de Vargas. En todo caso el gobierno la dejó pasar. La otra explicación se antoja improbable: el gobierno alentó a Vargas para que utilizara el posible error de Aristegui para deshacerse de ella y liberar a EPN de su incesante lata.

Lo que sí parece evidente es que el costo lo paga el gobierno, y solo el gobierno. Aristegui sale ganando; Vargas pierde pero no tanto porque le convenía más prescindir de ella; su público pierde quizás; la libertad de expresión tal vez; la imagen de México en el mundo pierde muchísimo… pero el que más pierde es Peña.

No tengo idea si el gobierno es culpable de la salida de Aristegui, pero creo que es responsable del daño que se inflige. Por tanto, debe hacer una de dos cosas: aclarar que no tuvo nada que ver, y que Eduardo Sánchez no intercambió palabra, correo electrónico, tuit, SMS, o messenger con Joaquín Vargas, su antiguo jefe; o asumir que, aunque no haya tenido nada que ver, quien paga más el costo es el mismo gobierno y, por ende, quien debe arreglarlo, utilizando los recursos de arbitraje y/o de ombudsman que parece existen en el contrato. O hacer ambas cosas, convenciendo de lo primero y cumpliendo en lo segundo.

A estas alturas, atentado contra la libertad de expresión o no, metida de pata o no, se trata de un nuevo frente que abre el gobierno, que ya ha abierto demasiados sin canicas para tantos.

El Nacional, 23 de marzo de 2015

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