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Provea: Las OLP institucionalizan la pena de muerte

Provea: Las OLP institucionalizan la pena de muerte


El balance sobre la garantía de los derechos humanos en Venezuela es oscuro. Los datos recabados por la organización de derechos humanos Provea en 2015, y divulgados en su informe anual presentado este 24 de mayo, dan cuenta de un cambio en la política de represión, donde ya la oposición política al gobierno no es el único objetivo. “Los más pobres son las principales víctimas de la ineficiencia y represión del Gobierno”, se destaca en una de las conclusiones del documento.

Desde el año pasado se ha sumado al pueblo en general, a los sectores populares que tradicionalmente apoyaron al proyecto político de Chávez y luego de Maduro, con la aplicación de las Operaciones para la Liberación de Pueblo (OLP).

“En el informe de 2014 hablamos de exclusión y autoritarismo, donde las principales víctimas fueron las personas vinculadas a la oposición, pero en 2015 los principales actores han sido los pobres”, expresó Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea.

El derecho a la vida y a la integridad personal vieron el año pasado la peor actuación del Estado. “La OLP marcó el inicio de la represión generalizada contra el pueblo”, agregó Rodríguez antes de referirse a las cifras que sustentan su afirmación.

En 2015 se registraron 18.184 casos de violación a la integridad personal, número que refleja un aumento de 902% con respecto a 2014, además de 17.215 casos de allanamientos cuando en 2014 apenas de efectuaron 51. Del total de allanamientos, que en ningún caso contó con una orden judicial, 99,8% se realizaron en el marco de las OLP. Pero adicionalmente el año pasado la organización registró 793 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes y seis víctimas de tortura, mientras que la Defensoría del Pueblo admitió en su balance de 2015 el reporte de 99 torturados.

Y en el caso de la violación al derecho a la vida, los datos de Provea evidencian el aumento de la violencia policial. En 2014 hubo 220 violaciones de este tipo y en 2015 un poco menos: 215. Pero al sumar esta cifra con la registrada por el Ministerio Público, de 245, la cifra asciende a 460.

“Es decir, 460 personas asesinadas por agentes de seguridad de las fuerzas públicas. Esta es la cifra más alta desde 1992-1993, cuando hubo 282 asesinatos de este tipo”, señaló el coordinador de investigación de Provea. Esas 450 personas representan un aumento de 109% con respecto a 2014, por lo que Provea asegura que las OLP “institucionalizaron la pena de muerte”.

Para complementar el escenario de excesos en el campo de los derechos humanos, Rodríguez recordó que mientras en 2014 hubo 3.500 personas detenidas ilegalmente, en 2015 ese número se elevó a 15.946; casi 500 por ciento más que en los últimos 12 meses (496%).

“Las ejecuciones continúan concentrando la mayor parte de los fallecimientos. Constituyen 88,89% del total, seguido de las muertes que resultan del uso indiscriminado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado (3,7%), el uso excesivo de la fuerza (2,96%), muertes por negligencia (2,59%) y las muertes ocurridas como consecuencia de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que constituyen el 1,85% del total de víctimas conocidas”, precisa una de las conclusiones del informe de Provea.

A la presentación del informe acudieron varios representantes del Comité de Víctimas de las OLP; una familia desalojada del sector La Ensenada, en la Panamericana (Caracas), desalojados de sus viviendas el 24 de julio de 2015 en una OLP.

Emily León, una de las afectadas, relató cómo ese día más de 1.500 funcionarios llegaron a la comunidad donde vivía, a las 4 am, y les ordenaron desalojar en dos horas. Tumbaron sus casas y se robaron varios enseres. “Nos dijeron que debíamos desalojar por orden presidencial pero nunca mostraron ningún documento. Nos acusaron de ser colombianos y paramilitares. Nosotros no somos ni colombianos ni paramilitares. Esa era una comunidad que tenía 33 años allí y mi abuelo fue uno de los fundadores. Nunca en los 22 años que tenía viviendo allí había ocurrido un asesinato ni un robo. Casi todos éramos familia”, contó León.

Ella, de manera arbitraria, fue detenida y llevada al INOF, donde estuvo recluida 47 días hasta que le dieron un sobreseimiento de su causa. “Para justificar esa acción me metieron presa”, expresó. El caso de su familia es llevado por Provea.

Otro de los hechos resaltados por la organización de derechos humanos está referida al contexto en el cual ocurrieron las violaciones de distintos derechos durante 2015, donde además de los referidos a la vida e integridad personal están los derechos a la alimentación, educación, salud, seguridad, vivienda, justicia, libertad personal, laborales, participación, ambiente y derechos de los pueblos indígenas.

“Si creíamos que el neoliberalismo fue malo, era porque no habíamos conocido el Gobierno de Nicolás Maduro. El madurismo ha resultado ser peor que el neoliberalismo de los 90, en apenas tres años”, para los más pobres y excluidos del país, expresó Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.

La crisis económica, la militarización, exclusión, discriminación política e impunidad estructural se agravaron el año pasado y tuvieron sus repercusiones en los derechos de los venezolanos. “La militarización no es solo presencia física de militares en las calles, sino que los valores militares se jerarquicen por encima de los valores de la democracia”, aclaró Uzcátegui.

La exclusión y discriminación política llegaron a su momento cumbre después de las elecciones del 6 de diciembre, con la amenaza de Maduro sobre la construcción de viviendas, y que se traduce como un “uso discriminatorio de las políticas sociales con fines políticos“; mientras que la impunidad aún se traduce en la denuncia de seis de cada 10 delitos por la desconfianza de los venezolanos en el sistema de justicia.

Uzcátegui además señaló que la resolución de apenas dos de las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014, a dos años de esos hechos, es otra muestra de la impunidad estructural. Sobre la situación económica Provea asegura que “el Gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una fábrica de pobreza y exclusión”, comenzando por los datos oficiales que precisan la inflación general en 180,9%, la inflación de alimentos en 315% y los datos del INE que indican un aumento de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas de 5,13% entre 2013 y 2015.

Y aunque el INE no publique desde 2013 los datos de pobreza por ingresos, la información recolectada por Provea, por la Cepal y por las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello en la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), lo demuestran. El estudio divulgado por las tres universidades del país habla de la existencia de 23 millones de venezolanos en situación de pobreza (75% de la población).

Esta situación tiende a agravarse en 2016 por condiciones evidentes, advirtieron, y más ahora con los recientes aumentos de los “precios justos” de alimentos regulados como la harina precocida y el pollo, así como de varios productos de higiene, en medio de una economía especulativa, va a generar que se triplique la inflación de alimentos y que la pobreza aumente a más de 80%.

“Hoy hay más pobres que en 1990 y que en 1999. La Cepal informó el año pasado que la pobreza en América Latina había aumentado en 2 millones de personas más por los 7 millones de pobres nuevos que sumaron Venezuela, México y Guatemala. La Cepal también dijo que la caída del ingreso y la pérdida del poder adquisitivo ha llevado al aumento de la pobreza en Venezuela”, recordó Rodríguez.

Las violaciones al derecho a la salud durante 2015 quedaron registradas en 3.719 denuncias que llegaron a Provea, 40% más que en 2014, vinculadas a la escasez de medicamentos, deterioro de los servicios públicos de salud, déficit de insumos y de médicos.

Durante el año pasado las droguerías solo recibieron siete de cada 100 medicamentos solicitados, en promedio, y la inversión del PIB en salud apenas llegó a 4,7%. Este porcentaje es uno de los más bajos de la región latinoamericana, incluso menor al que se destina en República Dominicana, Bolivia y Ecuador.

Patricia Marcano/La Razón

 

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