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Provea: Muertes ocurridas en custodia son responsabilidad del Estado

Provea: Muertes ocurridas en custodia son responsabilidad del Estado


La ONG exigió que se inicien las investigaciones para esclarecer la muerte de Rodolfo González.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) emitió un comunicado con relación a la muerte de Rodolfo González en los calabozos del Sebin.

Provea aseguró que el Estado venezolano es el encargado de garantizar el respeto a la integridad, dignidad y respeto a los derechos y garantías fundamentales de quienes se encuentran privados de libertad.

En el texto, la ONG incluyó un artículo del abogado de González, José Vicente Haro, quien denunció que funcionarios del Sebin había anunciado a estudiantes y manifestantes detenidos, que serían trasladados a cárceles comunes.

A continuación el texto:

Rodolfo González (63) fue detenido el 26.04.2014 por efectivos del Sebin. Tras el allanamiento de su vivienda, fue acusado de los delitos de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego. Desde entonces permaneció recluido en la sede del cuerpo policial en El Helicoide.

Su abogado, José Vicente Haro, denunció en un artículo publicado hoy en su blog:

“Desde hace algunas semanas algunos de los Comisarios Jefes del Sebin se han encargado de informar, sin justificación alguna, a los estudiantes y manifestantes presos políticos y privados de libertad en el Sebin, que serían trasladados a penales o cárceles destinadas a presos comunes.

En fecha 11 de marzo de 2015 una delegación del Ministerio del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios se hizo presente en el Sebin, suspendiendo las visitas familiares previstas para ese día. Desde ese momento comenzó un operativo con el objeto de “seleccionar” los traslados a los penales y determinar las cárceles a las cuales serían trasladados la gran mayoría de estudiantes y manifestantes.

(…) El jueves 12 de marzo conversé con uno de los Comisarios Jefes del Sebin, cuyo nombre, por ahora, me reservo, quien me informó que, por los momentos, no estaban previstos traslados de los estudiantes y manifestantes a cárceles comunes o de alta peligrosidad (que es el caso de Venezuela lamentablemente), en la que están los presos comunes. No obstante, esta situación posteriormente cambió. Otro de los Comisarios Jefes del Sebin, cuyo nombre, también por ahora me reservo, ese mismo día comenzó a dar a conocer una lista de decenas de estudiantes y manifestantes que serían trasladados a penales o cárceles destinadas para presos comunes que, como se sabe, en Venezuela, son penales controlados por pranes y son centros de reclusión de alta peligrosidad, reitero.”

Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acogidos por el Estado venezolano, determinan la responsabilidad de los Estados miembros en garantizar el respeto a la integridad, dignidad y respeto a los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de libertad sujeta a su custodia. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la vida e integridad personal (física y psicológica) de las personas privadas de libertad y debe asegurar condiciones mínimas de reclusión que sean compatibles con su dignidad.

Las muertes de ciudadanos ocurridas bajo la custodia del Estado, son responsabilidad del Estado. En tal sentido, Provea exige al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que se inicien las investigaciones para determinar, de forma oportuna y transparente, las causas de la muerte del Sr. Rodolfo González y establecer las responsabilidades individuales directas o indirectas a que hubiere lugar. Igualmente, exhortamos al Estado venezolano a permitir sin demora la visita al país del Relator Especial contra la Tortura, tal como lo solicitó el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas en noviembre pasado.

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El Nacional

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