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Ramos Allup “bufete judicial violador sistemático de Constitución”

Ramos Allup “bufete judicial violador sistemático de Constitución”


Tal como se esperaba, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió la noche del 31 de marzo una sentencia en la que declara la inconstitucionalidad de la Ley la Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), que fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 3 de marzo.

En la sentencia, cuyo magistrado ponente fue Calixto Ortega, se señala que la alta corte realizó un estudio comparado de las constituciones de países que consagran sus bancos centrales como instituciones públicas y autónomas, y llegó a la conclusión de que en la mayoría de los casos la designación de sus autoridades corresponde al Poder Ejecutivo. Asimismo, acusa al parlamento de querer desestabilizar la economía.

La AN buscaba derogar los cambios previos realizados por el Presidente en diciembre de 2015 -vía Habilitante- que eliminaban la obligatoriedad de la AN de nombrar a dos de los seis directores del organismo emisor, así como la facultad de refrendar la elección del presidente y el resto de la directiva. Además de volver a tener la potestad de designar a dos directores, la AN intentaba prohibir a quienes ocupen los cargos, desarrollar labores de activismo político.

El fallo del TSJ fue rechazado tanto por el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, como por el segundo vicepresidente Simón Calzadilla. Ramos Allup calificó a la alta corte como un “bufete judicial violador sistemático de Constitución”. “Antes de declarar nulidad de la Reforma Parcial de Ley del BCV aprobada por la AN, un bufete judicial del régimen se reunió en sede TSJ con Nelson Merentes”, escribió Ramos Allup en su cuenta de Twitter.

Mientras, Calzadilla señaló que no existe ni un solo artículo de la Constitución con el que se pueda argumentar el fallo de la alta corte. “La decisión del TSJ, al desconocer Reforma de Ley BCV, ratifica que los magistrados están al margen de la Constitución”.

Desviación de poder

Tras la aprobación de la ley en el parlamento, el texto fue enviado el 9 de marzo al Presidente Nicolás Maduro para su firma y publicación en Gaceta Oficial (tenía hasta el 19 de marzo). Sin embargo, Maduro guardó silencio, pero envió una comunicación con fecha del 17 de marzo para que el TSJ se pronunciara respecto a la constitucionalidad de la norma. Ante la omisión presidencial, la directiva de la AN promulgó la ley el pasado lunes.

La Sala declaró que la ley sancionada por la AN contraviene lo establecido en el cardinal octavo de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, por cuanto la reforma pretende atribuirle al Parlamento Nacional competencias para designar, ratificar y remover al Presidente y demás directores del BCV al margen de los preceptos constitucionales.

También estableció que con la pretendida reforma, la Asamblea Nacional “incurrió en desviación de poder, al perseguir fines distintos de los constitucionalmente permitidos, por cuanto se develó que el objetivo buscado es tomar el control administrativo del Instituto Emisor, con lo cual se atenta en contra de la autonomía del BCV y, en consecuencia, contra la estabilidad de la economía nacional”. “Dicha circunstancia resulta más gravosa cuando se pretende hacer nugatoria las atribuciones del Ejecutivo Nacional en el contexto de una emergencia económica válidamente decretada”, reza una nota del TSJ.

 

ET / VISIÓN GLOBAL

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