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Relator de la CIDH: En Venezuela se usa el derecho penal para silenciar las voces críticas

Relator de la CIDH: En Venezuela se usa el derecho penal para silenciar las voces críticas


En el Día Mundial de la Libertad de Prensa celebrado ayer, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a los Estados a abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas.

En un comunicado divulgado desde Washington, la CIDH alerta que el ejercicio de la libertad de expresión en el continente se enfrenta a la amenaza del uso del derecho penal para sancionar opiniones e informaciones sobre asuntos de interés público o que involucran a funcionarios.

“En los últimos años, funcionarios públicos han llevado a la órbita penal a medios de comunicación y periodistas o directivos en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala. El caso más reciente se registró en Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó penalmente a los periodistas, directivos y propietarios de los medios El NacionalLa Patilla y Tal Cual por reproducir informaciones difundidas por un diario español que lo aludían”, dice el documento oficial.

El diario El País de España, entrevistó a  Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo que vigila los derechos humanos en las Américas, quien dijo que este es un continente que, en materia de libertad de expresión “funciona a dos velocidades”. Por un lado, está el grupo de países —la mayoría, en opinión de Lanza— donde el respeto a este derecho se cumple ampliamente. Pero hay otros, lamenta, en los que este garante de la democracia es atacado, ya sea desde las instituciones o por la violencia de grupos criminales que han provocado que 2014 sea uno de los peores para la prensa de la última década.

Pregunta. ¿Qué es lo que más le preocupa sobre la libertad de expresión en las Américas?

Respuesta. El aumento de la violencia contra periodistas y comunicadores. 2014 fue un año gravísimo, tal vez uno de los peores de la última década, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores y más de 400 agresiones de distintos tipos y amenazas. México está a la cabeza con al menos ocho asesinatos, y luego Guatemala, Honduras, Brasil y Paraguay con entre tres y cuatro asesinatos cada uno. El otro fenómeno en aumento es el uso de figuras penales para sancionar y perseguir tanto opiniones críticas como información de interés público, con lo que se van reduciendo los espacios de control social, de crítica pública y discusión. El último caso es la denuncia penal que presentó [el presidente de la Asamblea Nacional] Diosdado Cabello contra periodistas y directivos de varios medios en Venezuela por reproducir un artículo que lo aludía publicado originalmente en el diario ABC. Hay casos también en Guatemala, Honduras y en Brasil, también está Ecuador.

P. La Relatoría surgió por la convicción en muchos países que salían de procesos dictatoriales de que la libertad de expresión es un garante de otros derechos fundamentales. ¿Se les está olvidando este compromiso?

R. Debería renovarse. No son todos, pero hay una parte importante de los países que, o no quieren hablar de este tema o directamente empiezan a avanzar con regulaciones que van cercando la libertad de expresión y la van arrinconando. Y se va naturalizando esta situación y, muchas veces, en los ámbitos multilaterales, para que el tema no sea un elemento de discordia, se va evitando. Hay una necesidad de que el hemisferio tenga una mirada común sobre temas de democracia y derechos humanos y en particular de libertad expresión, de volver a valorarla como un elemento constitutivo esencial.

P. La Relatoría se ha manifestado a menudo preocupada por fenómenos de censura en la región. ¿Sigue estándolo?

R. Hay un nuevo fenómeno de censura indirecta en América Latina: son empresarios que adquieren medios de comunicación en todo el continente. Su práctica es cambiar la línea editorial de los medios que compran y ponerla al servicio de los Gobiernos, y por tanto eso es un ejercicio de una suerte de censura donde hay una connivencia entre el sector privado y el público. Del mismo modo, en Venezuela la sociedad civil trajo pruebas a la CIDH de que los principales diarios han sido adquiridos por grupos empresariales privados de los que no se sabe quiénes son y quiénes están detrás. Y que al poco de comprarlos, lo que han hecho es cambiar la línea editorial y empezar a ejercer la censura internamente al interior de los medios. Son formas que no se puede decir que sean atribuibles a la libertad de mercado; son formas de ejercer la censura de una manera creativa, o de ejercer presión sobre los periodistas de una manera creativa.

P. ¿En qué se diferencia este fenómeno de la concentración clásica de medios?

R. Cinco o diez años atrás, esto no era un fenómeno extendido. Las casas periodísticas eran tradicionales, tenían sus líneas editoriales con las que se puede estar o no de acuerdo. Sí, tenemos todavía un problema de concentración de medios en manos de algunos grupos específicos en muchos de nuestros países, pero sabíamos quiénes eran y quiénes son. Pero hoy el fenómeno es una falta de transparencia y opacidad en la propiedad de medios de comunicación que además va acompañado de un cambio de línea editorial y, muchas veces, de represión hacia el interior de los medios. Por tanto, creo que ya no es un hecho aislado, se está convirtiendo en un fenómeno.

El Nacional

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