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“Ruptura constitucional” Por Leonardo Morales P.

“Ruptura constitucional” Por Leonardo Morales P.


Leonardo Morales P.  / @LeoMoralesP.

 

Desde tiempo atrás se debate en Venezuela acerca del tipo de gobierno o sobre, si se quiere, del rumbo que estaba siguiendo, circunstancia que hacía suponer a muchos de una peligrosa derivación hacia posturas no democráticas. Desde tiempos de Chávez hasta el presente es una discusión no acabada ni zanjada por académicos, políticos ni por articulistas. Ha sido, un ir y venir, un eterno ritornelo que se alimenta desde la cúspide del poder. Una permanente indagación y especulación sobre la desviación autoritaria de este gobierno que lleva casi 17 años en el poder.

Desde los tiempos de los romanos existe la figura de la dictadura como forma de hacer frente a alguna amenaza externa o guerra o para dar cara a alguna crisis interna, sin embargo, la dictadura romana nunca contempló el otorgamiento de poderes ilimitados al dictador, no pudiendo éste abolir ni cambiar la constitución, declarar la guerra, imponer nuevos impuestos…al decir de la literatura que versa sobre el particular. No es a la dictadura comisaria a la que generalmente se refieren en Venezuela sino a otra que no emerge del espíritu de las leyes sino de la voluntad de quien temporalmente ejerce el poder.

Cualquier parecido…

Ni cesarista ni totalitario, tan solo una simple dictadura que se funda en el ejercicio de la coerción al disponer de la fuerza pública y judicial para imponer sus decisiones.

Mucho menos puede decirse que se trate de una dictadura revolucionaria para sustituir un viejo orden. En 17 años, de presunta revolución, solo se ha incrementado los padecimientos y penurias sociales que pretendían remediar con la superación de  la democracia representativa. De modo, que tan solo estaríamos en presencia de una dictadura conservadora que lo que persigue es mantener el orden actual, el statu quo, ante la evidente aspiración y sentimiento de cambio que emerge de la voluntad popular.

En voz alta

Las últimas afirmaciones de Maduro y la inacción de las autoridades del Poder Electoral revelan que Venezuela avanza hacia un régimen no querido y muchos menos legitimado por el poder popular; advertir que se escudó en un decreto de emergencia económica para no rendir cuentas ante el poder más recientemente legitimado por la sociedad venezolana como la Asamblea Legislativa, vulnera grotescamente el principio de separación de poderes y desprecia la voluntad popular, legal y legítimamente expresada el 6 de diciembre de 2015. Además, al afirmar que las elecciones regionales no se darán porque el gobierno tiene prioridades distintas corren el velo de su postura autocrática porque la renovación de gobernadores no es un capricho de particulares sino de aquellos que se dictaron autónomamente una carta constitucional. Allí reposa la responsabilidad del CNE, en una violación flagrante de la Constitución y de su sumisión al Poder Ejecutivo, al descansar ambas rodillas en tierra y con cabeza gacha abdicar a sus responsabilidades ante los dictados del gobierno.

Este es un gobierno ensimismado que no es ni será capaz de comprender el tamaño de la crisis que vive el país como consecuencias de sus propias acciones, pero fundamentalmente se destaca por su incomprensión en torno al cual gira la prioridad social, la de todos los venezolanos, que no es otra la de renovar un régimen político que fracasó de manera estruendosa.

Cada vez que los voceros del régimen intentan justificar sus acciones no hacen sino confirmar las fundadas sospechas que desde tiempos añejos algunos han aspirado describir. Antes justificaban su postura democrática con numerosas elecciones, ahora, quedaran áridos de hechos y argumentos frente a la comunidad nacional e internacional

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