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Sala Constitucional no anuló decisión desaprobatoria de la Asamblea

Sala Constitucional no anuló decisión desaprobatoria de la Asamblea


En la continuación de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, para neutralizar las crecientes protestas sociales que se realizan a lo largo y ancho del país, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió este jueves una sentencia donde declaró la constitucionalidad del Decreto No. 2.323, donde el presidente Nicolás Maduro declaró el “Estado de Excepción y de la Emergencia Económica”.

La sentencia, contenida en 68 páginas, considera no solo los aspectos legales y constitucionales del decreto No. 2.323, sino que cita en la discusión notas de prensas emitidas por agenciad de prensa y medios de comunicación.

Causa extrañeza que, a pesar que la Sala toma la decisión posteriormente a la decisión negativa de la Asamblea Nacional, tanto en la sección dispositiva -donde se inserta la decisión- como en las consideraciones, esa Sala no abordó y mucho menos anuló la decisión tomada por los diputados.

En efecto, la sección V de la sentencia, la Sala Constitucional declaró en tres numerales que es “competente” para considerar la constitucionalidad del decreto; que la letra del decreto No. 2.323 es “constitucional”, y ordena la “publicación” de la sentencia.

La competencia de la Sala Constitucional, es inobjetable. Su decisión, de declarar la constitucionalidad de lo escrito en el decreto, es discutible, pero en este caso pudiera llegar a ser irrelevante.

La irrelevancia se origina en cuanto a que pudiendo ser un texto constitucional, en el caso de un decreto declaratorio del estado de emergencia, para entrar en vigencia requiere obligatoriamente del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados de la Asamblea Nacional.

El pasado martes 17 de mayo, la plenaria de la Asamblea Nacional no aprobó el decreto 2.333 firmado por Nicolás Maduro. Razón por la cual, no está en vigencia a pesar que su texto sea declarado constitucional por la Sala Constitucional del TSJ.

La Sala ha podido declarar la nulidad de la decisión de la Asamblea, como lo hizo con el primer decreto de emergencia económica del 14 de enero del 2016.

En esa ocasión, la Sala había encontrado razones de forma, en cuanto a la extemporaneidad de la decisión de el asamblea, así como la forma de la convocatoria.

Ahora, la Sala saltó olímpicamente por encima de un hecho incontroversial, como es la pública y notoria decisión anterior de la Asamblea Nacional.

Esta falla, omisión o error amerita una revisión del contexto en el cual ocurre.

En el encabezado de la sentencia, la presidenta del TSJ y de la Sala Constitucional, Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, titula “Ponencia Conjunta”, aclarando a continuación que es conjunta porque todas los magistradas y magistradas que integran la Sala, redactaron la sentencia.

Esta declaratoria inicial, para no dejar lugar a dudas que fue unánime en redacción y voto aprobatorio de la sentencia, lleva el análisis de lo que pudo haber ocurrido en un bastante probable error, que va más allá de las condiciones de los magistrados.

Con las citas a notas de prensa, la Sala abre la puerta de la posibilidad de consultar esa prensa en los análisis. Si para la Sala es válida la referencia, para el público también lo debería ser.

Luego de la derrota del gobierno en las parlamentarias del 6 de diciembre, la mayoría agónica procedió en los últimos días del período parlamentario a designar nuevos magistrados del TSJ, y en especial, en la Sala Constitucional.

Desde ese momento, acreditados abogados objetaron tanto el procedimiento, como las credenciales de los magistrados designados.

La opinión generalizada del gremio, y por supuesto no precisamente dentro de los afectos al gobierno, es que estos magistrados no cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes.

Requisitos que persiguen que los candidatos tengan el conocimiento, la experiencia y una transparente hoja de vida que garantice el equilibrio y la imparcialidad.

El tren de decisiones de la Sala, anulando una y cada una de las leyes que aprueba la Asamblea, pondrían en duda el equilibrios y la imparcialidad.

El fondo de las sentencias, ha puesto en duda el conocimiento e indudablemente ha puesto en evidencia el incumplimiento del requisito de la experiencia necesaria.

Sin embargo, el ignorar en la sentencia, la decisión previa de la Asamblea Nacional, denotaría probablemente otros factores que ilustran el tipo de relación que un poder que debe ser autónomo, mantiene con el poder ejecutivo.

Es así que sospechosamente que esta decisión, catalogable de “a la machimberra”, denotaría una omisión “ex profeso”.

Al aprobar lo que le pidieron, sin forzar la barra de la inconstitucionalidad en su decisión, evidenció que no fue por falta de experiencia ni de conocimiento, sino todo lo contrario.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

 

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