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Sentencia del TSJ agravaría el déficit alimentario

Sentencia del TSJ agravaría el déficit alimentario


La sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con la que se intenta anular a la Asamblea Nacional por un presunto “desacato”, si bien carecería de asidero legal tendría consecuencias de naturaleza económica para Venezuela. Situación que conduciría inexorablemente a mayores penurias a la población venezolana.

Los expertos constitucionalistas consideran, entre ellos Allan Brewer Carías, que esa decisión “no tiene valor”, es una medida “de fuerza”, por cuanto el TSJ “no tiene atribución para eso”.

Mientras que el solo intento de anulación de la Asamblea Nacional tiene consecuencias sobre otros aspectos para el desenvolvimiento de la Nación. Entre ello, lo económico.

Es bien sabido, que no cuadran las cuentas de la nación, entre el dinero que entra por la exportación petrolera venezolana y lo que hay que erogar para comprar lo que no producimos. El déficit solo en alimentos es deficitario. Debemos importar el 70% de lo que comemos, si queremos que todos los venezolanos coman en cantidad y cantidad.

Los países tienen años de vacas gordas y años de vacas flacas. Y cuando existen estos déficits, los gobiernos recurren a la contratación de préstamos para comprar en otros lo que les hace falta.

En lo personal, las personas recurren al “fiao”. Van a la bodega más cercana, y se llevan los alimentos que pagarán cuando cobren su salario semanal o quincenal.

En los últimos tiempos, con la despersonalización que implica la proliferación de los supermercados, y a lo que obliga la inflación, el venezolano se ha acostumbrado a usar las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes. Con los países ocurre lo mismo dependiendo de la magnitud del déficit.

Cuando el déficit es pequeño, los países compran a crédito directamente del proveedor. Si el déficit es medio, recurren a la banca privada internacional. Cuando las cantidades son enormes, como ene actual caso venezolano, los países se ven obligados a recurrir a los organismos multilaterales, como el FMI, el BID, la CAF y el Banco Mundial.

Al extremo de las situaciones, cuando la hambruna es generalizada, se encuentra siempre la posibilidad de recibir la asistencia de las ayudas de las potencias, la Iglesia a través de Caritas Internacional y la FAO.

El gobierno de Venezuela, que se ha negado a recibir ayuda internacional, ha insistido en créditos de tres países amigos: Rusia, Irán y China; además de intentar obtener préstamos de los organismos multilaterales.

Está demás decir, que con los índices económicos que muestra Venezuela, a la par del atraso en publicarlos, es casi imposible que el gobierno obtenga préstamos de la banca privada internacional.

En lo que respecta a la emisión de bonos, la prima (entiéndase tasas de interés) sería tan alta por los riesgos que significa prestarle a Venezuela, que en los últimos tiempos todas las tentativas han resultado infructuosas.

Esto a pesar de que el gobierno ha honrado los mil millonarios compromisos de pagos, a expensas de dejar sin alimentos a los venezolanos. Algo que el economista Ricardo Haussman denunció con suficiente antelación cuando estimó que un colapso económico estaba cerca.

En cuanto a Rusia y China, los intentos del gobierno venezolano solo han logrado que le refinancien lo que ya deben y no han podido pagar. Peor dinero fresco, no les han otorgados estos “buenos amigos”, como decía el finado presidente.

Decisiones del TSJ como las de este miércoles, hacen de alguna manera más profundas para que la crisis se siga profundizando.

La sentencia 156 violenta de tal manera el Estado de derecho, que tanto empresas, como instituciones financieras públicas, privadas o multilaterales, recibirán advertencias de sus asesores legales en cuanto a lo riesgoso que implica prestar a Venezuela.

Por una parte, constitucionalmente corresponde a la Asamblea Nacional autorizar la contratación de deuda. Una competencia que nos delegable.

La actual directiva ha participado a la banca, organismos multilaterales y embajadores acreditados en Caracas, que toda deuda que se contrate sin la aprobación de la Asamblea será ilegal y será tomada como una donación.

Por otra parte, queda el aspecto meramente judicial. El desconocimiento de los textos constitucionales, por parte del TSJ, genera gran desconfianza.

¿Qué garantías tienen las instituciones internacionales de que el TSJ va a contestar en justicia, algún punto en desacuerdo de un contrato firmado con la República?

Es obvio que no van a correr el riesgo de prestar dinero a Venezuela. Lo que ya viene ocurriendo desde que el presidente Nicolás Maduro asumiera la presidencia en el 2013.

Eduardo Martínez / VisiónGlobal / @ermartinezd

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