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Solicitan al Consejo Moral Republicano la calificación de falta grave la cometida por Sala Constitucional del TJS

Solicitan al Consejo Moral Republicano la calificación de falta grave la cometida por Sala Constitucional del TJS


El Foro Cambio Democrático, a través de Enrique Ochoa Antich, envió un escrito a la Fiscalía para que abra una averiguación sobre los integrantes de la Sala Constitucional del TSJ, al considerar como una falta gravé la cometida por éstos al producir sentencias que son contradictorias con la Constitución y, en el caso particular, con la pretensión de prohibir a los ciudadanos poder pronunciarse públicamente contra actos de carácter público.

A continuación texto del escrito:

 

Caracas, 21 de noviembre de 2016

Ciudadana
Fiscal General
Luis Ortega Díaz
Su despacho

Yo, Henrique Ochoa Antich, Cédula de Identidad número 4.632.450, en mi condición de directivo de la Fundación para los Derechos Humanos/Foro Cambio Democrático y actuando por resolución de su Comité Operativo, ocurro antes usted a los fines de solicitarle respetuosamente proceda, con ocasión de las atribuciones que la Constitución y la ley asignan al Ministerio Público, a evaluar y de seguidas a solicitar ante el Consejo Moral Republicano la calificación como falta grave el amparo cautelar dictado mediante sentencia numero 948, Expediente 16-1085, de fecha: 15/11/2016, por los magistrados integrantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Juan José Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, y Lourdes Benicia Suárez Anderson, en el que se pretende prohibir, no queda suficientemente claro si a los ciudadanos diputados o a todos los ciudadanos de la república en general, la convocatoria y realización de manifestaciones y actos de protesta contra las actuales autoridades de los Poderes Públicos.

Decimos “pretende” porque ese acto por una parte es nulo con arreglo al artículo 25 de la Constitución de la República que consagra que:

“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”;

y, por la otra, debe ser desconocido, con arreglo al artículo 350 de la Constitución que establece que:

“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
De los hechos

Como ha sido público y notorio, el Poder Ejecutivo por medio de la Procuraduría General solicitó el 9/11/2016 un recurso de amparo en contra de la Asamblea Nacional a los fines de impedir la eventual declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República en la grave situación política, económica y social que padece la nación, declaratoria cuya posibilidad se encuentra expresamente contenida en el artículo 222 de la Constitución de la República.

En efecto, dicho artículo establece que:

“La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.

Como puede verse, no requiere discusión alguna: la eventual declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República como de cualquier funcionario es un derecho de la representación popular, y por su intermedio del propio soberano pues según establece el artículo 5 de la Constitución:

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

Resulta malicioso y contrario a la verdad señalar, como hace la Procuraduría General, que la Asamblea Nacional estaría incurriendo en “usurpación de funciones” pues a los efectos de tal declaratoria de responsabilidad política requeriría del concurso del Poder Ciudadano cuando de la lectura del texto constitucional se desprende sin duda posible que su participación es posterior a la declaratoria y sólo a los fines de “hacer efectiva” dicha responsabilidad.

Queda, pues, suficientemente claro que el recurso de amparo solicitado por la Procuraduría General debería ser declarado sin lugar.

Es cierto que, al menos por el momento, la Sala Constitucional del TSJ no entra a considerar el fondo de la materia y simplemente declara nulo el “Acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrático y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación” aprobado por la Asamblea Nacional refugiándose en su supuesto desacato a propósito de la juramentación de los diputados de Amazonas (hecho, por cierto, ya superado gracias al proceso de diálogo que condujo a su desincorporación voluntaria de sus cargos). Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite el llamado “amparo cautelar” y el 15/11/2016 sentencia lo siguiente:

“Al respecto se observa, efectivamente, que es un hecho notorio comunicacional el llamado que han efectuado diputadas y diputados del bloque de la mayoría del Parlamento y actores políticos, tal como lo ha señalado la parte actora en su escrito, a partir del 23 de octubre de 2016, a realizar convocatorias a distintas acciones de calle, lo cual ha sido ratificado por la difusión pública y masiva que tienen los medios de comunicación social de tales declaraciones y mensajes, ‘…con la clara intención de despojar al actual Gobierno Constitucional del Poder…’, con consignas contrarias a principios y valores democráticos que consagra nuestro Texto Fundamental, así como evidentemente perturbador del diálogo que ha sido convocado desde el Poder Ejecutivo.

“Por ello, esta Sala como garante de los principios, derechos y garantías constitucionales, así como en ejercicio de la atribución de protección a la Constitución, dicta un mandamiento de amparo cautelar para garantizar la paz del pueblo y la estabilidad democrática de las instituciones, frente a los presuntos hechos y amenazas denunciados por el accionante, en los términos contemplados en el dispositivo del presente fallo”.

Y así falla de seguidas:

“4.2.- PROHÍBE convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.
Del derecho

Siendo ya grave de toda gravedad que la Procuraduría General pretenda de antemano desconocer la atribución constitucional que el Parlamento tiene para declarar la responsabilidad política de un funcionario, tan o más grave aún es que la Sala Constitucional pretenda prohibir el derecho constitucional a convocar manifestaciones y protestas públicas pacíficas. Al respecto, puntualizamos lo siguiente:

*De la lectura del texto citado más arriba, no se desprende para nada que sea una prohibición dirigida sólo a los parlamentarios pues se dice que el TSJ “PROHÍBE convocar y realizar actos…”, de modo que puede inferirse que se refiere a todo ciudadano de la república.

En todo caso, si así fuera, ello no sólo constituye en sí mismo la pretensión de violar un derecho constitucional de cada uno de los diputados como tales y como ciudadanos que son, sino que de suyo implica la violación de los derechos humanos de sus representados. Como hemos señalado más arriba, el artículo 5 de nuestro texto constitucional establece una relación, propia de toda democracia que lo sea de veras, de identidad y conexión entre la soberanía popular y la Asamblea Nacional cuando consagra que:

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.

Así que si por su contexto se dedujese que la pretendida prohibición más arriba mencionada se refiere sólo a los diputados de la Asamblea Nacional, habría que concluir que esa prohibición incluye así mismo a sus representados, por no decir que la violación de los derechos humanos de un solo ciudadano constituye de suyo una violación a los derechos de todos. En este caso, en particular el de la manifestación.

En efecto, la Constitución de la República consagra en su artículo 68 como uno de los derechos políticos de los venezolanos que:

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.

Los magistrados podrán invitarnos a leer su sentencia una y mil veces pero está claro que, con un lenguaje laxo que de partida caracteriza criminalmente la eventual convocatoria por parte de los diputados a la protesta pública contra las autoridades de los Poderes Públicos, pretende violentar no sólo a los diputados, como hemos dicho, sino a todos los ciudadanos el constitucional derecho a la manifestación y la protesta.

Cuando los magistrados dicen que prohiben “convocar y realizar actos que alteren el orden público”, dejan a interpretación de funcionarios civiles y militares, en ejercicio de funciones administrativas y de seguridad, qué constituye alterar el orden público. Sin duda que toda marcha o acto que se convoque en las calles de la ciudad, como los numerosos actos y marchas que convoca el gobierno nacional y su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, constituye una inevitable alteración del orden público. ¿Esto significa entonces que la Sala Constitucional pretende prohibir simple y llanamente el derecho constitucional a la manifestación pacífica? Creemos que sí. Tanto a los diputados como a los millones de compatriotas que todos los días manifiestan y protestan en demanda de comida, medicinas, servicios públicos, e inseguridad.

Queremos subrayar que una nota publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia señalando lo que no tendría por qué ser señalado, que la Sala Constitucional reconoce el derecho constitucional a la manifestación pacífica, no puede suspender los graves y delicados efectos de la sentencia 948 aprobada por los señores magistrados y publicada en Gaceta. Y, si así lo pretendiese, sólo habla de una penosa falta de seriedad que sólo hace más protuberante aún la falta grave que aquí solicitamos calificar.

Así mismo, se criminaliza la protesta política cuando la decisión de la Sala Constitucional pretende prohibir la “instigación contra autoridades y Poderes Públicos”. Usar el verbo “instigación” en puridad de lenguaje no implica necesariamente ninguna connotación negativa. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice:

“instigar (…). Incitar, provocar o inducir a uno a que haga una cosa”.

De modo que pretender prohibir que los diputados inciten, provoquen o induzcan a los ciudadanos contra las autoridades del Poder Ejecutivo, incluyendo al Presidente de la República, constituye de suyo una conducta contraria a la Constitución que consagra entre muchos otros el derecho a la participación política que supone el libre debate de ideas y el convencimiento de unos a otros a favor de propuestas como puede ser la del cambio político democrático en el gobierno. Así lo establece el artículo 62 de nuestro texto constitucional:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

Pero sabemos que el uso de la palabra “instigación” es maliciosa y pretende criminalizar los actos de legítima y democrática opinión política de la Asamblea Nacional frente a otras autoridades de los Poderes Públicos como el presidente de la república y el Tribunal Supremo de Justicia.
Petitorio

Como sabemos, el artículo 265 de nuestro texto constitucional establece que:

“Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca”.

Y en su artículo 285 consagra entre otras atribuciones del Ministerio Público la siguientes:

“-Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.

“-Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones”.

Así mismo, es de resaltar que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 12 establece que son causa grave para que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sean removidos de sus cargos entre otras las siguientes:

“1. Las establecidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

“10. Por incumplimiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes.

“11. Cuando sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial y de los órganos que represente.

“12. Cuando cometan hechos graves que constituyendo o no delitos pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad comprometiendo la dignidad del cargo.

“14. Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad.

“16. Cuando en sus decisiones hagan constar hechos que no sucedieron, o dejen de relacionar los que ocurrieron.

“17. Cuando infrinjan algunas de las prohibiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes”.

Es claro que al pretender prohibir el derecho constitucional a la manifestación y al pretender calificar peyorativamente como “instigación” la legítima prédica política de los diputados contra otros Poderes Públicos, los magistrados de la Sala Constitucional incumplen sus atribuciones y deberes y actúan con negligencia manifiesta, atentan contra la respetabilidad del Poder Judicial, ponen en peligro su credibilidad e imparcialidad comprometiendo la dignidad de sus cargos, incurren en abuso o exceso de autoridad, hacen constar hechos que no sucedieron, e infringen las prohibiciones establecidas en la Constitución de la República para proteger los derechos humanos del pueblo venezolano.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en su Título II, De la Organización y Funcionamiento, Capítulo I, Del Consejo Moral Republicano, en su artículo 10, establece que, entre otras, el Consejo Moral Republicano tiene las siguientes competencias:

“3) Velar por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la actividad administrativa del Estado.

“10) Calificar las faltas graves que hubieren cometido los magistrados o las magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”.

Y en su artículo 11 que:

“Se consideran faltas graves de los magistrados o las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, las siguientes:

“3. Cuando actúen con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la
ley y del derecho.

“5. Cuando violen, amenacen, o menoscaben los principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Es por todo lo anterior que solicitamos a usted, en su condición de directora y responsable del Ministerio Público, considere solicitar al Consejo Moral Republicano del cual forma parte, junto con el Contralor General y el Defensor del Pueblo, la calificación de falta grave cometida por los magistrados que integran la Sala Constitucional el amparo cautelar dictado en la sentencia número 948.
Enrique Ochoa Antich
Coordinador General de Fundahumanos/Foro Cambio Democrático

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