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TSJ suspende investigación contra Rafael Ramírez alegando que puede afectar intereses de la República

TSJ suspende investigación contra Rafael Ramírez alegando que puede afectar intereses de la República


Por considerar que podría ahuyentar a los inversionistas y afectar el desarrollo de los distintos procesos judiciales que internacionalmente enfrenta Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la investigación que la Asamblea Nacional inició este año contra el entonces presidente de la empresa estatal y actual embajador en Naciones Unidas, Rafael Ramírez, por las presuntas irregularidades cometidas en su gestión.

La afirmación figura en la sentencia 893 de la Sala Constitucional, en la cual la instancia admitió el recurso de nulidad, con medida cautelar, que Ramírez interpuso el pasado 28 de septiembre contra el procedimiento que la Comisión de Contraloría del Parlamento inició en su contra.

“La Sala estima que existen elementos que sirven de convicción acerca de las lesiones graves o de difícil reparación que se estarían ocasionando a la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) e, incluso, contra la República directamente, además de la posible vulneración en los derechos del accionante de autos, ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño; lo que podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la Nación, a diversos Estados y a la Región, tomando en cuenta la trascendencia de Pdvsa en el orden económico, social y constitucional”, se lee en el dictamen redactado por la presidenta de la instancia, magistrada Gladys Gutiérrez.

Asimismo la Sala no descartó que en el futuro que la investigación que pueda ser anulada “en razón del desacato que mantiene a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, declarada por esta Sala en sentencia número 808, reiterada en la sentencia número del mismo año”, en las cuales le ordenó desincorporar a los tres diputados por el estado Amazonas y cuya juramentación suspendió en diciembre pasado, por las denuncias de vicios en su elección denunciados por el chavismo.

El miércoles la Comisión de Contraloría solicitó a la plenaria de la AN declarar la responsabilidad de Ramírez por el desfalco de más de 11 millardos de dólares y por ello pidió que se solicite al Ministerio Público que lo procese penalmente, mientras que a la Contraloría que le imponga las multas y reparos respectivos.

Entre los asuntos analizados por la instancia parlamentaria figuran el uso indebido del fondo de pensiones de los trabajadores de Pdvsa, irregularidades en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la refinería Amuay; el supuesto desvío de fondos de la empresa hacia cuentas en la intervenida Banca Privada D’ Andorra; por supuestos hechos de corrupción en la compra de taladros petroleros a China y los alimentos que terminaron pudriéndose en varios puertos y que fueron comprados por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval).

Lo que dijo el investigado

Ramírez, en la demanda que presentó en la Sala Constitucional, acusó a la Comisión de negarle el derecho a la defensa y negó cualquier responsabilidad, alegando que la Junta Directiva de Pdvsa “actúa como órgano colegiado y su voluntad se expresa a través del acuerdo de sus miembros y no solo de las decisiones unilaterales de su Presidente, decide en virtud de las solicitudes, análisis, proyectos y explicaciones que le son presentados mediante puntos de información que le remiten a su vez los órganos que forman parte de la compleja estructura de Pdvsa, conformada como ‘Holding Público’ con más de 245 empresas”.

Por último, afirmó que la empresa se “encuentra monitoreada permanentemente por todos los órganos de control del Estado” y mencionó específicamente a la Contraloría General de la República, el Ministerio de Petróleo, que él también encabezó por más de una década; y el Servicio de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Juan Francisco Alonso / El Universal

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