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Un año de cierre de la frontera colombo-venezolana produjo un costo irrecuperable

Un año de cierre de la frontera colombo-venezolana produjo un costo irrecuperable


Millones de dólares resultantes del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela se perdieron y miles de personas que hacían vida económica en la que fue catalogada como la frontera más dinámica de América Latina se quedaron sin una forma de tener sustento

El contrabando de extracción fue la causa económica que esgrimió el gobierno nacional para la medida. Terminar con la sustracción de gasolina y alimentos nacionales al país vecino a través de pasos ilegales, llamados “trochas”, se convirtió en el objetivo de ambos países.

La situación, conocida y denunciada anteriormente por ambas naciones, logró cambiar un año después de cesar forzadamente toda actividad económica binacional al interrumpir los pasos peatonales y de vehículos por las fronteras. Al menos eso dicen las cifras oficiales publicadas por el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, y el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas.

En julio, Villegas aseguró que el contrabando de mercancías se había reducido 70%, mientras que el de combustible fue de 85%, en comparación con 2015. Además dijo que se había logrado la destrucción de 35 pasos ilegales, de los 254 que registran las autoridades. Las cifras coinciden con las de Vielma Mora, quien aseveró que la sustracción de alimentos, medicinas y productos a Colombia disminuyó 70% y que desde el cierre hay un ahorro de 31 millones de litros de gasolina.

Mientras los políticos y principales figuras en el tema fronterizo esbozan cifras sobre los beneficios logrados con el cierre, quienes se vieron afectados por la medida esperan que la situación se normalice para poder retomar las actividades que les daban sustento diario.

Más de 25.000 empleos y comercios perdidos. Esta fue la cifra que reportó Fedecámaras Táchira algunos meses después de la medida. Mientras que según los datos de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Táchira casi 90% de los negocios que existían en algunos municipios afectados, San Antonio del Táchira y Ureña, tienen casi un año sin actividades y con sus puertas cerradas.

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El comercio entre Colombia y Venezuela cerró 2015 en 1.352 millones de dólares, cifra que dista de los 2.153 millones obtenidos en 2014 y los 2.673 millones de 2013. Cada año se reduce el intercambio entre ambas naciones. Todo esto de acuerdo con las cifras que maneja la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana (Cavecol).

La situación en 2016 es similar a la de los años anteriores, pues el comercio acumulado de enero a abril fue de 385 millones de dólares, frente a los 530 millones del mismo periodo en 2015, lo que se traduce en una contracción de -27% durante dicho período, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE).

Aunque los números reflejan pérdidas multimillonarias, los comerciantes no solo ven los valores sino la realidad que tuvieron que enfrentar después del cierre de la frontera.

Maritza Sarmiento es una de las comerciantes que tiene años en San Antonio como vendedora de varios artículos. La mercancía que compraba en Colombia, específicamente Cúcuta, se redujo por el cierre, pero no ha dejado de tenerla.

“Como tengo muchos años comprando y vendiendo ropa, prendas, artículos para el hogar, hasta motos he vendido, ya tengo mis contactos. Me consiguen la mercancía y me la acercan por alguno de los caminos verdes (trochas) para poder revenderla”, expresó.

Sarmiento aseveró que algunos de sus vecinos y conocidos que están sujetos a una quincena son quienes más han sufrido las consecuencias del cierre. “Como las fábricas y negocios no volvieron a funcionar con normalidad, el comercio descendió muchísimo. Lo mismo sucede con muchos entes, es como una ciudad fantasma comparado a lo que era. Como el sueldo no alcanza, para esos trabajadores les resulta difícil adquirir productos con costos elevados y sé de algunas personas que han pasado hambre. Yo a veces ayudo a algunos porque me pongo en su lugar”.

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Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Táchira, aseguró que el cierre fronterizo dejó “desidia, desempleo e inseguridad” en San Antonio del Táchira y en Ureña.

“En San Antonio del Táchira y Ureña lo que se puede ver es desidia, desempleo, inseguridad, empresas cerradas al igual que industrias, comercios y servicios. El transporte está paralizado al igual que el sector operadores cambiarios, que está cerrado por completo. Esta frontera era demasiado dinámica y lo que ha hecho este cierre es deteriorarla por completo. El desempleo ha remontado, la inseguridad por la que precisamente se cerró aumentó enormemente y también las bandas delincuenciales. La mano de obra se fue casi toda”, afirmó.

Castillo detalló que todos los sectores afectados han sostenido decenas de reuniones con las autoridades y continúan esperando más que respuestas, acciones. La reactivación de los servicios y las áreas afectadas es el deseo que existe ante los últimos acercamientos entre Colombia y Venezuela.

“Esperamos que se vuelvan a reactivar todos los servicios y todos los sectores que quedaron desactivados hace un año y que los pocos que quedan puedan desarrollarse y reforzarse con toda normalidad. Queremos que se regularice el paso peatonal, y después seguirá el transporte de carga binacional y por último el transporte colectivo y los vehículos particulares”, indicó la representante gremial.

Muchos de los locales y empresas sin actividades enfrentan el obstáculo que tienen sus dueños para ingresar al suelo venezolano o la incapacidad de poder sustentar el pago de nómina con una actividad comercial limitada.

Entre todos los involucrados, un sector que no ha podido recuperarse de forma alguna por el cierre de la frontera es el de transporte. Entre 2.800 y 3.000 trabajadores perdieron el sustento diario que tenían gracias a la mercancía que se movía entre Colombia y Venezuela. El tránsito de carga pesada resalta entre los más dañados por la medida unilateral del gobierno de Nicolás Maduro, señaló Jorge Casanova, presidente de la Cámara de Transporte Pesado en Táchira.

Casanova lamentó la situación que atraviesan los transportistas tachirenses, pero más que todo la falta de respuestas y de soluciones a la necesidad de tener dinero para comprar alimentos y medicinas para las familias.

Muchos transportistas eran sostenes de familia al momento del cierre de la frontera. El testimonio de José Ramírez es uno de los ejemplos más vivos. Ramírez vivía monetariamente de su camión de carga pesada y era el encargado de manejarlo hasta que fue operado del corazón, contó en una entrevista a El Nacional Web hace meses. Después de someterse a la intervención quirúrgica, le pagaba a un conductor para llevar carbón de Colombia a Venezuela. Podía tener medicinas colombianas gratuitas, por estar asegurado en ese país, y las ganancias del camión eran suficientes para los alimentos de su familia y los gastos del hogar. La prohibición del paso peatonal y de vehículos cambió todo para el transportista. Sin poder hacer otra actividad laboral por una complicación en su salud, Ramírez tuvo que depender de la ayuda de otras personas para tener qué comer y tratar de sobrevivir a una medida que, a su juicio, no fue pensada.

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