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Unete: Pretenden obligar a trabajadores públicos y privados del sector agroalimentario a incorporarse al plan especial de producción

Unete: Pretenden obligar a trabajadores públicos y privados del sector agroalimentario a incorporarse al plan especial de producción


La coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero, rechazó categóricamente que el gobierno decida dónde los trabajadores deben prestar sus servicios al referirse al decreto publicado en Gaceta en el que se establece que el gobierno podrá disponer de personas de empresas privadas para apoyar la producción agroalimentaria.

Al respecto, la dirigente sindical dijo que el gobierno no tiene nada de carácter obrerista y con decisiones como esas viola los convenios internacionales en materia laboral. ”Los trabajadores como ganados vamos a ser sacados de nuestras oficinas mediante órdenes y resoluciones de necesidades que establece el gobierno sin consultar con nadie, y destinarnos a trabajar en líneas que ellos decida, esto viola los convenios de la Organización Internacional de Trabajo”.

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Aseguró que los trabajadores venezolanos están viviendo una crisis económica ”que no generamos”,  la cual atribuye a los funcionarios castrenses que han estado en altos cargos de Gobierno. Máspero afirmó que el propio gobierno lideriza y organiza la guerra económica, cuando los “bachaqueros de cuello blanco, que son los grandes importadores que se están llevando los dólares con total impunidad, y sobre todo los militares que son los grandes responsables de la grave crisis económica que estamos viviendo”. Denunció la pérdida de seis mil empleos en el sector privado y la persecución contra mil 500 trabajadores que firmaron solicitando el referendo revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro.

El argumento del Gobierno para tal medida es “contribuir con el reimpulso productivo del sector agroalimentario”. De esta manera, se obligará a empresas públicas y privadas a que sus trabajadores presten servicios en aquellas entidades objetos de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción, según la resolución 9855 del Ministerio del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial número 40.950 del 22 de julio pasado. La medida se toma en el marco del decreto 2.323 mediante el cual se declara el estado de excepción y de emergencia económica.

El artículo 3 de la resolución señala que las entidades de trabajo del sector público y privado que tengan que ver con el área agroalimentaria “están obligadas a cumplir con el estricto imperio del presente acto administrativo”, y a tal efecto deberán proporcionar los trabajadores requeridos, “con el fin de aumentar la productividad de la entidad de trabajo requiriente o solicitante” por un período de 60 días, prorrogables “por igual tiempo si las circunstancias lo ameritan”.

Las empresas a las que sean destinados los trabajadores cancelarán los sueldos de los nuevos “empleados”, mientras que la compañía de donde sean demandados continuará cubriendo las obligaciones relativas a cotizaciones establecidas en el sistema de seguridad social, así como las prestaciones sociales. Tendrán inamovilidad laboral.

“La entidad de trabajo requiriente estará obligada a pagar el cestaticket socialista por jornada laboral”, de acuerdo con el artículo 9 de la resolución”.

Una vez finalizado el periodo, los trabajadores “tendrán el derecho de seguir prestando servicio a la entidad de trabajo originaria en las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió aquella”.

La resolución señala, en su último considerando, que el Ministerio de las Comunas solicitó al despacho laboral personal para ser incorporado “a las diversas plantas procesadoras de maíz”, lo que se extendió a las demás empresas agroalimentarias a través de la medida gubernamental.

Unión Radio y Ana Díaz/El Nacional

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