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Vecinos tienen que huir del hampa en zonas de paz… y de las OLP también

Vecinos tienen que huir del hampa en zonas de paz… y de las OLP también


La ONG Provea registra 12 familias desplazadas desde El Cementerio, acosadas por el hampa o policías, en el mes de abril

El mensaje fue contundente. La madre de Martínez no pudo esperar a que su hijo regresara de la Policía Nacional Bolivariana, donde trabaja desde hace cuatro años como oficial, para darle el recado. Lo llamó y le contó: “Unos hombres tocaron y dijeron que te tenías que ir”. Los delincuentes que lo buscaban pertenecen a la banda del Coqui. Uno de sus integrantes estudió con Martínez en el Liceo Pablo Vila de la Cota 905 y por este motivo fue condescendiente al darle un plazo para que se marchara del sector, denominados por el gobierno zonas de paz, para designar área liberada del control de los cuerpos de seguridad. Martínez no tuvo otra opción y vendió su moto, una Suzuki 250BR, para obtener dinero y pagar un alquiler.

Su primo, que también es funcionario policial, lo ayudó a buscar una casa en La Pastora. Solo encontró un anexo de una habitación que comparte con su pareja, que también es policía. “No tengo las mismas comodidades que tenía en la Cota 905. Era una casa amplia que compartía con mi mamá y dos hermanos, pero aquí he conseguido paz. Claro, tengo que cuidarme porque en todos lados hay inseguridad, pero la guerra en esa zona continúa”, lamentó Martínez. Su madre y sus hermanos siguen viviendo allá. “Todos los días me cuentan de los tiroteos; que a veces ellos tienen que quedarse en casa de mi tía en Ruiz Pineda porque no pueden entrar a la vivienda. Quisiera sacarlos y llevarlos a un lugar más tranquilo, pero no puedo. Vender esa casa es difícil porque nadie quiere comprar en ese sitio”, expresó. Martínez es uno de los 10 policías que, según vecinos de El Naranjal, se han mudado para escapar de los grupos armados que dominan el barrio. La mayoría se ha marchado con sus familiares porque ellos también han sido amenazados de muerte si permanecen en el sector. Otros residentes se han ido porque se atrevieron a informar a los cuerpos de seguridad los lugares donde se esconden.

Doblegados por el miedo. Este tipo de migraciones, según Inti Rodríguez, coordinador de Provea, se denomina desplazamiento forzado. “Se trata de grupos familiares que por determinadas circunstancias se ven obligados a abandonar los lugares que habitan. No hay cifras oficiales de las mudanzas, registradas en la Cota 905, El Cementerio y El Valle porque la mayoría de las víctimas no se atreve a denunciar por miedo”.

Rodríguez tiene documentado los traslados de 12 grupos familiares que vivían en el barrio Los Sin Techo de El Cementerio. Abandonaron sus casas a finales de abril por las amenazas de las bandas. “Algunos viven en pensiones, mientras otros están arrimados en casas de familiares en varias zonas de Caracas. Iban a denunciar el caso a la Fiscalía, pero se abstuvieron por temor a represalias”.

Señala que las personas que viven y posteriormente se mudan de esas zonas se convierten en víctimas por partida doble: “Son víctimas de los delincuentes y también de los operativos desplegados por los cuerpos de seguridad que, lejos de solucionar el problema de criminalidad, generan más violencia y afectan su calidad de vida”. Otro de los afectados por esta situación es Ramón González (nombre ficticio). Se mudó, con su esposa y su nieto, del callejón Vargas de El Cementerio a casa de su hijo en Los Jardines de El Valle. Se mudaron por el terror de regresar a su vivienda el 10 de mayo, cuando fue tomada por funcionarios, que, según los vecinos, pertenecen al grupo BAE del Cicpc.

“Ellos estaban buscando malandros, en el marco de las OLP, y forzaron la puerta con una pata de cabra, lanzaron el televisor por la ventana, dañaron el equipo de sonido, además de otros bienes. En ese momento no me encontraba en casa porque estaba atendiendo un puesto de ropa en el mercado de El Cementerio. Un vecino me llamó y me contó lo ocurrido”, refirió González.

“Desde ese momento no he querido regresar a mi hogar. He denunciado ante la Fiscalía y los organismos de derechos humanos para que investiguen. En casa de mi hijo duermo en una colchoneta y si bien nos tratan con consideración, no es lo mismo que vivir en mi casa. La vida se nos complicó. No tengo dinero para recuperar los objetos que los policías destrozaron porque solo nos alcanza para colaborar con la comida. Para llegar a mi negocio debo tomar hasta dos buses”.
Solo Rodríguez solicitó protección en el Ministerio Público. El resto espera que algún organismo del Estado intervenga para aliviar su situación. Aspiran a que les puedan tender una mano.

40 docentes mirandinos se mudaron por acoso 

El estado Miranda también cuenta con zonas de paz. Según fuentes policiales suman 58, distribuidas en 6 municipios, en Barlovento y los Valles del Tuy. Allí también se han registrado migraciones forzadas, en especial de docentes que han sido amenazados por las bandas de Súcuta, en Ocumare del Tuy; y la del Peica, Cabeza de Motor y Los Capracios, en Barlovento.

Ramón Francia, presidente de la Federación Venezolana de Maestros del Eje Miranda-Tuy, informó que desde 2013 hasta la fecha cerca de 40 maestros han sido reubicados en escuelas situadas en otros municipios o estados porque han sido blanco de amenazas por miembros de las bandas criminales.

En el período académico 2015-2016 la Dirección de Educación de Miranda ha contado 30 solicitudes de traslados a otros centros educativos de docentes que trabajan bajo advertencias o que están cansados de enseñar en esos territorios dominados por organizaciones delictivas. Algunos maestros están de reposo psiquiátrico mientras aprueban sus traslados a otros planteles, indicó Francia y mencionó el caso de una maestra del colegio José Gil Fortoul de Nueva Cúa, que se mudó al interior del país después de que le hicieron la vida imposible.

“El hijo mayor de la maestra era mala conducta y había matado a un delincuente del sector. Los amigos de ese antisocial cobraron venganza y asesinaron al hijo de la educadora. A ella la obligaron a marcharse, pues de lo contrario matarían a su hija. Como medida de presión le quemaron la casa.

Desesperada se fue con su hija a otra región del país. No pudo esperar que le aprobaran el traslado, en la Dirección de Educación, porque debía resguardar su vida y la de su pequeña. En el pueblo, donde vive ahora está   tranquila, consiguió empleo en un plantel y no quiere saber que Cúa existe”, contó Francia.

María Andreína Sanabria (nombre ficticio) es otra educadora que se mudó del municipio Andrés Bello a Eulalia Buroz de Barlovento. Daba clases en una escuela de Cumbo y pagó las consecuencias de ser familia de un delincuente. La banda rival que la amenazaba de muerte le dijo en septiembre del año pasado que se fuera. Se presentaron en el plantel y la apuntaron con dos pistolas para que supiera que no estaban jugando. A los dos días se fue con sus dos hijos de cinco y seis años. Está viviendo en casa de una hermana porque el sueldo de maestra no le alcanza para alquilar una vivienda.

El Nacional

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