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Venezuela carece de empleos de calidad

Venezuela carece de empleos de calidad


Tener empleo pareciera no ser una necesidad. Más importante que obtenerlo es asegurarse de que la remuneración permita sufragar los gastos básicos.

La idea se vuelve aún más descabellada cuando se piensa que un profesional opta por trabajar como taxista porque su sueldo como docente no le es suficiente o que prefiere laborar como mesonero, porque los bonos nocturnos y las propinas le permiten ganar más dinero del que le pagan al ejercer su carrera.

Mañana 1º de Mayo, se celebra el Día del Trabajador y la sociedad se debate entre los índices de desempleo y las garantías de empleo digno.

La pregunta sería: ¿Hay algo qué celebrar?

El abogado especialista en materia laboral, León Arismendi cita cuatro indicadores señalados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como criterios  universales para la valoración de condiciones de trabajo. Estos son (1) trabajo productivo y bien remunerado, (2) garantías de derecho laboral, (3) protección social y (4) diálogo social.

Vale acotar que según el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, en entrevista concedida a AVN, la tasa de desempleo en enero de 2014 se ubicó en 9.6 %, valor que un año después se situó en 7.9%, lo que demostraría una reducción de casi dos puntos por año.

No obstante, semanas atrás el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), señalaron que el índice de desempleo escaló en 2014 del 8,0% al 12,8%, cifra que podría duplicarse al cierre del presente año.

Por su parte, Arismendi sostiene que es complejo plantear cifras de desempleo, en función de lo expuesto por la OIT. Considera preciso evaluar cuáles son los criterios empleados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para calificar a una persona como empleada, ya que estos son los estudios tomados como oficiales por el gobierno.

Trabajo precario

Si se toman en cuenta los datos ofrecidos recientemente por el  Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), que refieren que el venezolano requiere de más de seis sueldos mínimos para sufragar los gastos de la Canasta Básica Familiar, cuyo valor supera los Bs. 30 mil, se podría  asegurar que sólo pocos trabajadores gozan de condiciones dignas de trabajo.

Sobre este respecto, Arismendi se atreve a mencionar que la gran mayoría de venezolanos con trabajo formal, sólo devengan entre uno y dos salarios mínimos.

En este sentido, señaló que si se toma en cuenta la capacidad de compra de los trabajadores, la calidad del trabajo ha decaído “estrepitosamente”.

Para ilustrar esta condición citó el caso de los docentes universitarios, quienes bajo las premisas de la OIT tampoco gozan de condiciones mínimas de trabajo digno,  ya que a pesar de contar con un cuarto nivel de estudio, devengan entre Bs 6.568 y Bs 7.854; sólo si cuentan con 15 años de experiencia, su sueldo podría ser de Bs. 15.297.

A esto sumó que para llamar a una relación laboral trabajo de calidad, este debe ser estable y ofrecer firmeza en el tiempo.

El dinero no alcanza

Para ilustrar la pérdida del poder adquisitivo del trabajador venezolano, Arismendi refiere  que el sueldo mínimo diario es de Bs 187,41, monto que ni siquiera es suficiente para adquirir un kilogramo de carne roja o queso blanco, a diferencia de la situación económica de la década del 70, cuando el trabajador devengaba Bs 15 y  el valor del kilogramo de carne era de Bs 5.

A esto sumó que un almuerzo, según cifras aportadas por el Cendas para el mes pasado, tenía un costo aproximado de Bs 373, 11. Si se consume uno de los populares “menús ejecutivos” el valor de puede oscilar entre los Bs. 180 y Bs. 230, montos que no son acordes con el diario devengado, ni tampoco con el bono de alimentación (entre 75 y 112,50)

Por tanto, los sueldos actuales no permiten que el venezolano cumpla con el sano patrón alimenticio.

Garantías de derecho laboral

Sobre el segundo indicador de trabajo digno, Arismedi refirió que la violación a la libertad sindical agrede los derechos colectivos, garantías “seriamente  interferidas por el Estado venezolano”, que no favorece la discusión trabajador-patrono, aún siendo este último público.

“En la práctica se han puesto tantas  trabas al ejercicio sindical, que se ha convertido en un beneficio al que sólo tiene acceso un grupo reducido, es decir, aquello relacionados al gobierno”.

Refirió que en la administración pública no se termina de discutir el Contrato Marco, que tiene más de 10 años sin ser revisado y aglutina a todos los trabajadores dependientes del Estado. Señaló que los trabajadores sólo dependen de los aumentos por disposición presidencial, acción que violenta el principio tripartito.

En materia de protesta laboral, Arismendi recordó que han sido criminalizadas en la administración pública, y los mismos sindicalistas tampoco son atendidos debidamente en las inspectorías de trabajo correspondientes, organismos “altamente politizados”.

En Guayana los trabajadores han sido sometidos a juicio por protestar.

Sin protección social

Arismendi señaló que existen responsabilidades en materia laboral, propias del Estado, las cuales han sido transferidas a los patronos particulares. Es el caso de la atención médica pública y el servicio en el Instituto de los Seguros Sociales, han sido  suplidas con pólizas de salud, para las cuales se destinan montos de dinero que podrían verse reflejados en sueldos y salarios.

Asimismo, recordó que el monto pagado por pensión, tampoco permite sufragar los gastos básicos.

Esto a pesar de que en 2002 se realizó una reforma a la Ley Orgánica de Seguridad Social, cuyos pilares fundamentales, a juicio de Arismendi, debían ser el sistema de salud y de pensiones.

En su opinión, la protección social en Venezuela es “una promesa”.

Regresión de la Ley

A pesar de que la Constitución afirma que los derechos son progresivos, no se respetó tal principio en la formulación del salario mínimo, ya que en la reforma de la Ley del Trabajo de 1997 se estableció que este debía ser acordado en una comisión tripartita (trabajadores, patrono y gobierno), sin embargo, en el decreto actual dicho aspecto fue suprimido.

Apuntó que desde 1999 no se celebra un proceso de diálogo para la fijación del salario mínimo, ajuste que ahora se realiza a través de decreto presidencial, unilateralmente y violentando normas internacionales. Subrayó que en la actual situación laboral el diálogo y la concertación han sido violentados por el gobierno, que dice “ser la voz del pueblo”.

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