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“Venezuela: Entre el espectro del default y la crisis humanitaria” por Leonardo Vera

“Venezuela: Entre el espectro del default y la crisis humanitaria” por Leonardo Vera


Leonardo Vera.

En el contexto financiero global en el que se manejan los países altamente endeudados con un alto riesgo de impago de deuda soberana, es frecuente llegar al límite de enfrentar un terrible dilema: Continuar honrando compromisos de deuda para evitar demandas y sanciones internacionales en una corte extranjera, o optar por un incumplimiento parcial o total de la deuda para evitar un mayor malestar social y hasta una caótica situación política. En el apogeo de sus crisis de deuda soberana, argentinos y griegos vivieron este dilema y ahora es Venezuela quien ha quedado capturada en semejante encrucijada.

Un par de semanas atrás, una venta masiva de bonos soberanos en los mercados internacionales empujó el precio de los bonos soberanos de referencia de Venezuela (Global 2026) a 37 por ciento de su valor, un nivel que puede sugerir una situación de cesación de pagos. Esto, por supuesto, ha suscitado preocupación entre los inversores internacionales que ahora se preguntan si Venezuela es el próximo en la fila después de Ucrania. Después de todo, el gobierno venezolano y la empresa estatal PDVSA tienen unos 10 mil millones de dólares en pagos de la deuda externa de este año, y esto no incluye aproximadamente otros 7 mil millones en pagos de deuda a China con cargos a las entregas diarias de petróleo de Venezuela. Si el promedio de la cesta petrolera de Venezuela se quedara para el resto del año en los 25 dólares por barril, Venezuela tendría ingresos petroleros por unos 20 mil millones, y los pagos por compromisos de deuda externa se tragarían 85% de ese monto. Para un país sin reservas líquidas y que depende de las exportaciones de petróleo para casi la totalidad de sus divisas, esto es un escenario catastrófico.

La percepción de que Venezuela y la administración del Presidente Maduro pudieran decidir no pagar la deuda externa no es nueva. Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos, dos destacados economistas venezolanos asociados a la Universidad de Harvard, plantearon la posibilidad e incluso la necesidad, en un artículo de opinión en septiembre de 2014, lo que dio lugar a reacciones en los mercados y en los medios, incluyendo unas réplicas insólitas por parte del gobierno de Venezuela. Pero el gobierno de Venezuela fue capaz de sortear transitoriamente sus problemas, removiendo cada piedra del entramado público en un esfuerzo por reunir caja en dólares y hacer los repagos. En 2015, por ejemplo, logró reunir recursos en dólares cobrando por adelantado deudas de Petrocaribe con descuentos impresionantes, lanzando bonos desde la empresa Citgo, para lo cual puso los activos de la empresa como co-lateral, y utilizando acuerdos con bancos internacionales para cambiar lingotes de oro por divisas.

Nada de esto ha sido suficiente y por eso la mayor palanca a la que el gobierno ha podido asirse para honrar los compromisos ha sido la compresión de las importaciones. A través de un creciente y cada vez más severo control de cambios, el gobierno venezolano ha sido capaz de reducir en 52% las importaciones del sector privado durante los últimos tres años. Los efectos económicos de semejante freno sobre las importaciones en la actividad económica y el bienestar público han sido devastadores. La economía venezolana acumula una contracción de aproximadamente el 16% en los últimos dos años, y teniendo en cuenta la contracción esperada en 2016, podría perder casi una cuarta parte de su PIB. En búsqueda de caja para PDVSA, la impresión desordenada de dinero por el Banco Central, combinada con el racionamiento de divisas en los mercados oficiales está destruyendo la moneda nacional. De hecho, la moneda ha perdido 81% de su valor en el mercado negro en los últimos 12 meses con una inflación que ya alcanza el 200%.

Una mujer carga a su bebé mientras sostiene productos que compró en un abasto hoy, sábado 16 de enero de 2016, en la ciudad de Caracas (Venezuela). Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, se declaró en emergencia económica para atender la situación del país que después de un año de opacidad reveló una inflación interanual de 141,5 por ciento -la más alta de toda su historia-, y una contracción del 4,5 por ciento. EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ La creciente escasez ha obligado a los venezolanos a acudir al mercado negro de bienes básicos, pero el impacto de los mayores precios y la inflación galopante naturalmente se ha dejado sentir con mayor intensidad en los más pobres, que dependen de los cada vez más escasos suministros de bienes con precios regulados por los que a menudo deben hacer cola durante horas, sin ninguna garantía de éxito.

De hecho, en julio del pasado año, el Grupo de Crisis Internacional con sede en Bruselas publicó un informe completo sobre la situación económica y social del país en el que expresó su preocupación por un colapso repentino en el consumo de alimentos y el hambre generalizada. El informe describe otro lado menos apreciado del drama en el sistema de salud pública y privada. Lo que en resumen estos aspectos clave en la vida cotidiana de los ciudadanos indican es que el país se está deslizando hacia una catástrofe humanitaria.

Ahora, con reservas internacionales agotadas, pocas posibilidades de esperar una fuerte recuperación de los precios del petróleo y pocas opciones para conseguir más financiación, la gente comienza a preguntarse si las autoridades del gobierno de Venezuela finalmente decidirán recurrir a la comunidad financiera internacional por apoyo y asesoramiento. Espacio para ajustes adicionales de las importaciones sin correr el riesgo mayor inestabilidad política y caos (e incluso la violencia doméstica) es casi imposible. Venezuela necesita un acuerdo amigable de reestructuración de la deuda rápido y hay maneras de hacer eso con la ayuda de las instituciones financieras internacionales y la comunidad de inversionistas.

Más allá de las preocupaciones puramente morales o humanitarias, los vecinos de Venezuela y la comunidad internacional en general tienen razones pragmáticas para actuar. Los riesgos potenciales incluyen efectos secundarios en los mercados de capitales de los países de América Latina y otros mercados emergentes, más presión sobre las tasas de cambio, y mayores costos de financiamiento externo, justo en momentos en el que las cuentas comerciales se hacen más deficitarias por las caídas de los precios de las materias primas.

Maduro y su gobierno tienen razones para actuar. No puede seguir imponiendo el costo del ajuste sobre un país que ya está al borde de una crisis humanitaria. De hecho Venezuela ha debido ir hace mucho tiempo atrás a un proceso de refinanciamiento o reestructuración acordada de la deuda, evitándole a los venezolanos inmensas calamidades. Desde el año 2011 Venezuela ha pagado cerca de 70 mil millones de dólares a los acreedores financieros internacionales, incluyendo China, y hoy la situación financiera de la república es aún peor.

De lo contrario, sin un cambio significativo de la política económica, sin un fuerte compromiso de los gobiernos regionales y sin el apoyo de la comunidad financiera internacional, el país se encamina a una cesación de pagos extranjera caótica (probablemente a finales de 2016) y una Venezuela inestable, incapaz de cumplir sus compromisos internacionales, podrían desestabilizar a otros países de la región.

Infoltam, 16 de febrero de 2016

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