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Venta obligada de rubros al Estado abarcará a detallistas

Venta obligada de rubros al Estado abarcará a detallistas


La Gaceta Oficial 41.005 publica la resolución que reserva al Estado la compra de 50% de la producción de alimentos y rubros de higiene que dispongan la industria y comercio

El Ejecutivo formalizó su decisión de reservar al Estado la venta de 50% de los productos básicos que se comercian en el país.

La resolución -publicada en la Gaceta Oficial 41.005- estipula que para “estabilizar el abastecimiento” de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), las empresas públicas y privadas están “obligadas” a ofertarles los bienes que manejen.

Aunque el presidente Nicolás Maduro había anticipado que el Ejecutivo tendría derecho a acceder a la producción nacional de alimentos, la normativa añade los rubros de higiene personal y aseo del hogar, pero además extiende el ámbito de aplicación, pues la obligación no sólo recae en las industrias, sino también a la cadena de comercialización.

La norma precisa que los “establecimientos de importadores, distribuidores o de venta al mayor y detal” tendrán que someterse a la medida que desvía a los Clap 50% de la mercancía que tengan, es decir, que la obligación de orientar la venta al Estado también recae en comercios como abastos y supermercados.

Confiscación

La resolución ordena a los Clap identificar sus necesidades y notificar los requerimientos al Comando de Abastecimiento, de manera que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómico (Sundde) seleccione y notifique a las empresas que tendrán que vender parte de su producción o inventarios al Estado.

Mientras la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) será la encargada de fijar el porcentaje de productos que deberá ser ofertado a entes públicos como Mercal, Pdval y Bicentenario, la Sundde determinará el precio de la mercancía, pues la normativa estipula que debe fijar el valor tanto si son rubros controlados, como si están fuera de la regulación.

El director de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, fustigó la norma, al señalar que “demuestra que el Gobierno lo que está es confiscando la propiedad privada, lo que va a generar es un quiebre masivo de la posibilidad del sector privado de seguir abasteciendo a sus clientes”.

Alertó que la medida se traduce en el “saqueo” de los escasos inventarios y la poca producción del empresariado, y coloca a las compañías en la posición de no poder mantener negocios y puestos de trabajo.

Sanciones

La resolución que reserva al Estado 50% de la producción y bienes terminados de alimentos e higiene, establece que las empresa que se nieguen, retarden o incumplan la obligación, serán sancionados con multa, decomiso, cierre temporal y prisión.

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